Cs cree que el Govern considera "alcaldes de segunda" a los que facilitan donde votar

El portavoz de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha considerado este sábado que el Govern trata a los alcaldes que se han comprometido a habilitar espacios para el referéndum del 1 de octubre como "alcaldes de segunda" por no haber pactado con ellos una solución que no implique a los consistorios en la celebración de la consulta, como ha hecho con el Ayuntamiento de Barcelona.

"Se les pone en primera línea para que incumplan la ley y paguen las consecuencias de sus incumplimiento. Sin embargo, parece que Colau y Puigdemont han hallado la forma para que Colau no sufra las mismas consecuencias" que los más de 700 ediles que han firmado compromisos con el 1-O, ha expresado en declaraciones a los medios desde el barrio de Bellvitge de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Lo ha dicho después de saberse que Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona han encontrado una solución para que se pueda votar en la capital catalana sin implicar a ningún funcionario del consistorio, una solución parecida a la que se está abordando en otras localidades como Granollers (Barcelona) y que Carrizosa ha tachado de "pactos secretos".

Los alcaldes de esas poblaciones, ha asegurado el diputado naranja, tienen que explicar a sus vecinos por qué se tienen que pagar los impuestos y cumplir las ordenanzas municipales "si ellos incumplen con el Estatut y la Constitución".

MEDIDAS DE FRENO AL REFERÉNDUM

Sobre la decisión del Gobierno central de asumir directamente el pago de facturas de la Generalitat, ha valorado como "lógico" que el Ministerio de Hacienda se haga cargo de las cuentas catalanas para pagar a los funcionarios y hacer frente a los gastos de la institución.

"Junqueras tendría que dejar de meter mano en el bolsillo de todos los catalanes para montar sus fiestas", ha añadido Carrizosa, que ha rehusado el calificativo de Estado de excepción para la medida.

Preguntado sobre la entrada de la Guardia Civil en varias redacciones el viernes, ha defendido que los agentes no vulneraron la libertad de prensa y que lo que se hizo fue "buscar evidencias de un delito de desobediencia" al Tribunal Constitucional.

"Que se produzcan registros e identificaciones en sedes de medios informativos no quiere decir atentar contra la libertad de información", ha aseverado.