Continúa este lunes el juicio al exalcalde de Alcaucín y otros acusados en el caso 'Arcos'

Las defensas presentaron sus cuestiones previas, relacionadas fundamentalmente con la prescripción de delitos, aunque también aludieron a nulidades por acusaciones sorpresivas, por investigación "prospectiva" y por irregularidades en aspectos como las intervenciones telefónicas; además de alegar que existían "miles" de folios de la causa sin escanear.

El fiscal Anticorrupción, por contra, defendió la instrucción y rechazó irregularidades en las autorizaciones de las escuchas ni en la investigación de la Guardia Civil, que emitió numerosos informes e iniciaron las pesquisas tras la comunicación de "una fuente anónima". Además, señaló que no había delitos prescritos, más que el de fraude que afectaba a un acusado, para el que pidió el sobreseimiento.

Está previsto, por el momento, que la vista oral se prolongue hasta septiembre de 2017. Se juzgan, entre otros, delitos de fraude, malversación, prevaricación, falsedad documental, contra la ordenación del territorio, estafa, cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, uso de información privilegiada y actividades prohibidas a funcionarios.

En la primera sesión del juicio, que comenzó con 48 acusados, ocho procesados mostraron su conformidad con los hechos por los que iban a ser juzgados. Entre ellos estaba el exsecretario municipal, acusado de falsedad, y las dos hijas del exalcalde, acusadas de blanqueo de capitales.

La mayoría de los procesados en esta causa, investigada en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de la localidad malagueña de Vélez-Málaga, son empresarios dedicados a la promoción urbanística --en total 27 de los acusados--, aunque también están, además del exregidor, funcionarios municipales o de la Diputación; arquitectos; intermediarios y abogados o asesores urbanísticos.

A Martín Alba se le acusa inicialmente, según la calificación del fiscal a la que tuvo acceso Europa Press, de los delitos de fraude, falsedad, falsedad en documento oficial, cohecho, blanqueo de capitales, malversación, tráfico de influencias, uso de información privilegiada y prevaricación o prevaricación urbanística. Le piden 226 años de cárcel.

A pesar de los múltiples delitos por los que se acusa a varios procesados y la suma de los años, en la calificación consta que habrá que tener en cuenta el límite máximo de cumplimiento establecido en el Código Penal, que no podrá exceder de 20 años.

La primera fase de la operación policial se llevó a cabo en febrero de 2009 y se detuvo a Martín Alba y al exjefe del Servicio de Arquitectura de la Diputación, José Mora, para el que piden más de 110 años de prisión y 144 de inhabilitación para empleo o cargo público, al acusarlo de delitos de falsedad, prevaricación urbanística, cohecho, estafa, falsificación y actividades prohibidas a funcionarios.

LOS HECHOS

Según consta en las conclusiones iniciales del fiscal, Martín Alba, durante la segunda mitad de su mandato, que fue de 1991 a 2009, "coincidiendo con el periodo de mayor auge urbanístico y con una creciente demanda de suelos urbanizables que escaseaban" en este y otros municipios, "aprovechó la ausencia de controles eficaces para desempeñar esos cargos a su antojo, prescindiendo de la norma urbanística cada vez que le convenía".

También operó, a través de otras personas, como intermediario o corredor de fincas, "obteniendo importantes ingresos económicos, siendo ese el origen de parte de los 240.000 euros de cuentas corrientes y productos financieros y de los 160.000 euros en billetes que escondía en su domicilio bajo un colchón", que fueron intervenidos en el registro de su domicilio.

La Fiscalía sostiene que se "multiplicaron" las infracciones urbanísticas y que el Ayuntamiento no sólo hizo "dejación de sus responsabilidades en materia de disciplina urbanística, sino que trató de solaparlas promoviendo nuevos instrumentos de planeamiento basados en un desmesurado aumento de suelo edificable", que no prosperaron por las nuevas normas supramunicipales con las que la Junta de Andalucía neutralizó el riesgo de crecimiento incontrolado.

Así, para el ministerio público, "proliferaron las construcciones clandestinas", por un lado a base de viviendas unifamiliares en suelos rústicos, partiendo de parcelaciones "prohibidas" en la legislación; por otro mediante bloques de apartamentos en las zonas adyacentes a núcleos de población, que "sistemáticamente" se autorizaban en parcelas reservadas para viviendas unifamiliares o directamente sobre suelo no urbanizable, con un resultado "caótico".

También se aprovecharon "fallos del sistema", destacando "tanto los numerosos informes técnicos sin ningún control de la Diputación para encubrir infracciones urbanísticas de mayor importancia, como la frecuente manipulación del Catastro, siempre gracias a la colaboración de funcionarios". En esta última modalidad, "se aprovechaban supuestas fisuras que permitían introducir en las bases edificaciones que no existían en la realidad".

Unas veces, apunta Anticorrupción, eran viviendas diseminadas que todavía no estaban construidas y que sin embargo ya tributaban en el Impuesto de Bienes Inmuebles; y otras con la "fraudulenta" inserción de casas en ruinas susceptibles de rehabilitación, "que tampoco respondían a la realidad". En muchos casos el resultado fue "la construcción de grandes residencias, impropias de terrenos de tan alto valor ecológico".