El Gobierno autoriza el incidente de ejecución contra la "desconexión" de Cataluña

En esa resolución del Parlamento catalán se señala que "el pueblo de Cataluña tiene legitimidad" para comenzar un proceso constituyente propio que constará de tres fases: una primera de proceso participativo, una segunda fase de desconexión con el Estado y convocatoria de elecciones constituyentes que conformarán una Asamblea Constituyente, que redactará un proyecto de constitución. En una tercera fase será ratificada a nivel popular por medio de referéndum.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que con este incidente de ejecución se pide que se declare nula la resolución 263/11 de 27 julio "porque contraviene al sentencia del TC", su suspensión inmediata y que se tomen medidas para hacer efectiva la sentencia, incluyendo multas o suspensión de funciones para aquellos cargos públicos, como el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, o su consejo, o la presidenta del Parlament catalán, Carme Forcadell, así como los miembros de la Mesa del Parlament, que impidan la ejecución de esa sentencia.

El Gobierno del PP considera que la resolución del Parlamento catalán "vulnera radicalmente" la sentencia del Tribunal Constitución del 2 de diciembre de 2015 que declaró inconstitucional y nula la resolución del Parlamento catalán sobre el inicio del llamado 'proceso de desconexión', aprobada el 9 de noviembre de 2015.

Según el Ejecutivo, también vulnera el reciente auto del TC del 19 de julio de 2016 en el que se advertía a los poderes implicados y a sus titulares, especialmente a la Mesa del Parlamento de Cataluña, de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir los mandato del TC.

SE TRATA DEL SEGUNDO INCIDENTE DE EJECUCIÓN

Se trata del segundo incidente de ejecución que planteará la Abogacía del Estado en relación con la actividad de la Comisión de Estudios, tras su creación el pasado 20 de enero. Solo unos días después, el 1 de febrero el Ejecutivo impugnó ante el Constitucional su formación, al considerar que la intención del Parlamento de Cataluña era la de "eludir los pronunciamientos del TC" y seguir adelante con el proceso constituyente.

En aquella ocasión, el tribunal tardó un mes en admitir a trámite la cuestión, después de ofrecer a las partes un plazo de diez días para que presentaran las alegaciones que consideraran oportunas. Su decisión final se produjo la pasada semana, casi cinco meses más tarde.

El Constitucional reflejó en esta resolución una advertencia directa a la cámara autonómica y, especialmente, "a la Mesa del Parlamento". El auto indicaba expresamente que la Comisión de Estudios debe someterse "al cumplimiento de las exigencias de la Constitución" y no puede dirigir su actividad a "la apertura de un proceso constituyente en Cataluña encaminado a la creación de la futura constitución catalana y del estado catalán independiente".