El Consejo de Estado respalda la impugnación de la nueva consulta del 9N

Una vez remitido el dictamen al Gobierno, que es quien se lo solicitó, el Consejo de Ministros podrá decidir el recurso en su reunión de este viernes.

El dictamen ha sido aprobado por unanimidad y es favorable a impugnar este nuevo proceso, que la Generalitat denomina de participación ciudadana. Con el informe sobre la mesa este viernes, el Consejo de Ministros podrá acordar mañana mismo acudir al TC.

El Gobierno considera que "puede haber un cierto fraude de ley" en el nuevo proceso abierto por la Generalitat para el mismo 9 de noviembre, es decir, que "se pretende conseguir un resultado prohibido mediante un camino alternativo", en palabras del ministro de Justicia, Rafael Catalá.

Según el Ejecutivo, se habla de proceso participativo pero en realidad se quiere hacer un referéndum ilegal. En su informe favorable al recurso contra la consulta original del 9N, el propio Consejo de Estado ya dejó claro que la Generalitat no puede utilizar los artículos de la Ley de Consultas relativos a encuestas y procesos de participación ciudadana para "otro tipo de cosas", según repite la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

Fuentes gubernamentales informaron a Europa Press de que esa impugnación del Gobierno se apoyará en dos argumentos principales: el mantenimiento de la pregunta planteada para la consulta soberanista original y la implicación de la administración catalana en el nuevo proceso.

Las citadas fuentes han recordado que se mantiene la doble pregunta acordada el pasado mes de diciembre por CiU, ERC, ICV-EUiA y la CUP: "¿Quiere usted que Cataluña sea un Estado?", y en caso afirmativo, "¿Quiere que este Estado sea independiente: sí o no?".

En segundo lugar, el Gobierno argumentará cómo la Generalitat se está sirviendo de la administración para la consulta alternativa. El Ejecutivo ha seguido muy atento los pasos que ha dado estas semanas la Generalitat con diversas instrucciones a funcionarios o a la policía autonómica, la difusión de vídeos animando a participar el 9-N o incluso la creación de un registro de votantes.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ya dijo esta semana que la Abogacía General del Estado está estudiando "las instrucciones que se emiten a los centros escolares y a los funcionarios", para ver si tienen "fuerza probatoria suficiente" para incorporarlos a un expediente de impugnación.