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El Congreso quiere sancionar penalmente a los partidos y cargos que falseen sus cuentas

La diputada de UPyD, Rosa Díez y el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, conversan en el Congreso de los DiputadosEFE

El Pleno del Congreso ha emplazado al Gobierno a sancionar penalmente apoyado la omisión o falsedad deliberada por parte de los partidos políticos tanto de sus estados contables como de su patrimonio social, así como la omisión o falseamiento de las declaraciones de bienes de los cargos públicos electivos.

Se trata de los primeros puntos de una moción de UPyD que contaron con el respaldo del PP. El resto de la iniciativa, donde la formación magenta pedía cambiar la ley de indultos para obligar al Gobierno a motivar la concesión del perdón y permitir que pueda ser recurrido, fue rechazado por el PP que no considera adecuado mezclar ambos puntos. Como no hubo consenso, la moción se votó con su redacción original, punto por punto.
Registro actualizado del patrimonio de los partidos
Lo que se ha aprobado, con apoyo del PP y de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), es habilitar un registro específico en el que las formaciones políticas presentaran sus estados contables y su patrimonio, con datos debidamente actualizados.
A partir de ahí, se apuesta por sancionar penalmente, mediante un tipo delictivo autónomo, la omisión o falsedad deliberada por parte de los partidos políticos tanto de sus estados contables como de su patrimonio social. Dicho delito, dice el texto, será igualmente aplicable a aquellos cargos públicos que omitieran o falsearan sus declaraciones de bienes.
Además, y como se incluyó en la resolución aprobada por el Congreso en el reciente Debate sobre el estado de la Nación, se reafirma la apuesta por establecer un delito específico para perseguir la financiación ilegal de los partidos políticos, "aplicable tanto a la financiación ordinaria como a la electoral".
En tercer lugar se aboga por incorporar a nuestra legislación penal "el denominado delito de enriquecimiento ilícito o injusto de los cargos públicos electivos, cuyo elemento fáctico típico se sustentaría en el incremento de patrimonio desproporcionado o injustificado de un político en relación con los ingresos que, por obligación legal, debe declarar públicamente".
El PP veta una acción popular contra polítivos
La cuarta medida anticorrupción planteada por UPyD, que ya no salió adelante por el rechazo del PP, consistía en reforzar la responsabilidad de los políticos en el desempeño de sus cargos al frente de sociedades o entes públicos.
Para ello, UPyD proponía "sancionar a los gestores públicos que, bien de forma dolosa o bien por negligencia grave, hayan causado, por actos u omisiones contrarios a la Ley, daños patrimoniales a los bienes o al caudal público, incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo", e incluso contemplar "la posibilidad de un tipo específico de acción popular que permita iniciar los correspondientes procedimientos judiciales".