El Congreso dará mañana el primer paso para poder evaluar si el Gobierno cumple lo que se aprueba

El Pleno del Congreso dará este martes el primer paso para reformar el Reglamento de la institución con el fin de que la Cámara Baja examine periódicamente si se cumplen las resoluciones que aprueba. Y lo hará a instancias del PNV, que defenderá la primera de las iniciativas que se debatirá en esta legislatura para cambiar las normas internas de la Cámara. La próxima semana se verá otra propuesta en la misma línea del PP que busca, en su caso, regular los 'lobbies'.

Los nacionalistas vascos sostienen que con el actual Reglamento, que data de 1982, "es imposible constatar si el Gobierno toma en cuenta los mandatos no legislativos del Parlamento" --proposiciones no de ley, mociones y resoluciones-- lo que contribuye al "menoscabo" de la Cámara.

Para "subsanar" esta situación, el PNV propone que, durante el primer mes hábil de cada periodo de sesiones, el Gobierno remita a la Cámara "un informe detallado relativo a la situación y grado de cumplimiento de cada una de las proposiciones no de ley, mociones y resoluciones aprobadas tanto en Pleno como en Comisiones en el periodo de sesiones anterior, así como las pendientes de cumplimiento de periodos anteriores".

MÁS DE DOS DÉCADAS ESPERANDO LA REFORMA

Y en la quincena posterior a la entrada en Registro de la Cámara del informe, añade, "comparecerá en la Comisión del Reglamento un representante del Ejecutivo para explicar el citado informe y responder a los requerimientos de los grupos parlamentarios".

Tras la toma en consideración de esta iniciativa de los nacionalistas vascos, el Pleno tendrá que debatir el martes, 14 de marzo, si admite a trámite otra propuesta de reforma del Reglamento, esta vez del PP, y destinada a regular el funcionamiento de los 'lobbies' o grupos de interés con el fin de poder atender una de las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa.

Según consta en su iniciativa, que recoge Europa Press, con esta reforma pretende regular el estatuto jurídico de los 'lobbies' estableciendo una definición "inclusiva" del concepto mismo de grupo de interés que aporte "seguridad" a la hora de saber quiénes deben estar sujetos a la inscripción pertinente.

UN REGISTRO QUE CUSTODIARÁ LA SECRETARÍA DEL CONGRESO

Además, plantea crear un Registro Público de carácter "obligatorio" en el que puedan inscribirse los representantes de los grupos de interés, establecer un código de conducta al que deban someterse sus actividades en la Cámara y crear un órgano encargado de la supervisión de ese Registro, una labor que el PP encomienda a la Secretaría General del Congreso.

También el PDeCAT tiene pendiente de debate en el Pleno otra propuesta de reforma del Reglamento para crear un registro de grupos de interés que mantengan contactos con los grupos parlamentarios y un "Código de Conducta" para dotar de transparencia y publicidad a sus actividades en la Cámara.

Y, de su lado, el grupo parlamentario de Unidos Podemos está ultimando otra propuesta de reforma del Reglamento con el objetivo de limitar la capacidad que tiene el Gobierno de vetar la tramitación de iniciativas legislativas de los grupos parlamentarios, ajustándola a la doctrina del Tribunal Constitucional.

La capacidad de veto del Gobierno tiene su origen en el artículo 134.6 de la Constitución, que establece que "toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación".

Según han avanzado a Europa Press fuentes de Unidos Podemos, la proposición de ley de reforma del Reglamento del Congreso que tienen previsto registrar en los próximos días busca modificar el artículo 126 de las normas parlamentarias que desarrolla ese principio constitucional.

VAN 19 LEYES CONGELADAS

En virtud de estos preceptos, el Gobierno de Mariano Rajoy acumula ya un total de 21 vetos a proposiciones de ley de la oposición u de parlamentos autonómicos cuando sólo han transcurrido siete meses de legislatura.

Desde Unidos Podemos denuncian que este "abuso" de la competencia para frenar la tramitación de propuestas de la oposición está mermando considerablemente la capacidad legislativa de la Cámara y, además, defienden que el Ejecutivo utiliza esta herramienta desoyendo la doctrina del Tribunal Constitucional.

En este sentido, subrayan que el Alto Tribunal ha dejado claro en varias sentencias que el Gobierno tiene capacidad de veto pero sólo si la iniciativa en cuestión trastoca las previsiones presupuestarias del ejercicio en curso, es decir, que no puede frenar la tramitación de iniciativas si éstas implican reducción de ingresos o aumento de gasto para el presupuesto del año siguiente. Y eso es lo que pretenden que se recoja expresamente en una nueva redacción del artículo 126 del Reglamento del Congreso.

EL TC TIENE UNA SENTENCIA PENDIENTE

De entrada, el Tribunal Constitucional tiene pendientes de sentencia los dos recursos del Gobierno contra las decisiones que adoptó la Mesa del Congreso, desoyendo los vetos del Ejecutivo, de continuar la tramitación de dos proposiciones de ley del PSOE, una sobre la paralización de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Enseñanza (LOMCE) y otra para equiparar las condiciones laborales de los trabajadores de subcontratas.

En todo caso, ese articulo de los vetos sólo es el primero que quieren reformar, pues Unidos Podemos considera necesario avanzar en una modificación global de las reglas de funcionamiento de la Cámara Baja, que datan de 1982 y que sólo se han sometido a retoques puntuales.

Tradicionalmente, la Comisión de Reglamento, que preside Ana Pastor, sólo se reúne si los grupos están decididos a intentar reformarlo, pero si, como es previsible, se van admitiendo a trámite todas estas iniciativas para cambiarlo tendrá que convocarse ya.