Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, analizar y personalizar tu navegación, mostrar publicidad y facilitarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si sigues navegando por nuestra web, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información aquí.

El Congreso recibe una iniciativa ciudadana pidiendo la eliminación de las indemnizaciones por cese de los políticos

El Congreso de los Diputados ha recibido una iniciativa legislativa popular que persigue eliminar las indemnizaciones que reciben los presidentes del Gobierno, los ministros y los diputados y senadores entre otros cuando dejan sus cargos.
A la vuelta del verano, la Mesa de la Cámara ha admitido a trámite la citada iniciativa ciudadana, y se lo ha comunicado, como corresponde, a sus autores, a la Junta Electoral Central (JEC) y al Senado.
Ahora, sus promotores deberán reunir 500.000 firmas, como marca la legislación española, para que la iniciativa pueda se registrada como proposición de ley en el Congreso y debatida por el Pleno de la Cámara, que deberá decidir si le da o no trámite.
HAY QUE ELIMINAR ESOS "PRIVILEGIOS"
En concreto, el título que proponen para su iniciativa, en caso de que logren ese mínimo de firmas necesaria, es "Proposición de Ley para la eliminación de privilegios de índole retributiva de la clase política cesada".
En la actualidad, cuando cesan de sus cargos, los ministros tienen derecho a recibir el 80% de su último salario anual durante un periodo de dos años siempre que no reciban otro sueldo. Todos a excepción del presidente del gobierno que, cuando abandona su sillón, cobra una pensión vitalicia que en su caso sí es compatible con el cobro de un sueldo privado.
De su lado, los diputados y senadores pueden pedir una indemnización cuando abandonan su escaño, pero, eso sí, siempre que hayan estado en el Congreso o en el Senado por un periodo mínimo de dos años. En su caso, como en el de los ministros, esa prestación no se puede simultanear con un salario privado.
Esa cuantía será el equivalente a una mensualidad de la asignación constitucional, fijada actualmente en 2.813,87 euros, por cada año de mandato y por un máximo de 24 mensualidades.