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El Congreso condena la incautación de dinero republicano por Franco e insta a reparar a los afectados

La Comisión de Economía y Competitividad del Congreso ha aprobado este martes, con voto en contra del PP y la abstención de Ciudadanos, una proposición no de ley auspiciada por ERC mediante la que "condena la incautación de dinero legal republicano por los sublevados fascistas" e insta al Gobierno reparar a los afectados por estas incautaciones.
El texto que ha salido adelante ha sido una enmienda pactada entre varios grupos de la oposición en la que se reclama al Ejecutivo que investigue el total de dinero incautado por los insurrectos después de 1936 y que conformaron el 'Fondo de papel moneda puesto en circulación por el enemigo', así como aquél situado en una cuenta corriente del Banco de España con el título de "Billetes de canje desestimado".
Además de determinar las personas perjudicadas por esas incautaciones, según la iniciativa, el Gobierno deberá "reconocer el derecho a obtener reparación a las personas que fueron objeto de las mencionadas confiscaciones de papel moneda y otros títulos fiduciarios emitidos por las autoridades de la República, o a sus causahabientes".
"El Gobierno deberá establecer el procedimiento y modo de acreditación de la titularidad del derecho, los plazos para ejercerlo, la forma de reparación y el cálculo de su cuantía", reza el texto aprobado por la Comisión de Economía.
DEMANDA EN EL SUPREMO
Los independentistas señalan en su iniciativa que un informe del Banco de España de 1938 cifró en 35,04 millones de pesetas el monto total del dinero republicano incautado durante la Guerra civil por el ejército franquista, aunque cálculos posteriores de historiadores indican que la cantidad anulada por las autoridades franquistas en 1939 ascendió a unos 13.251 millones de pesetas en billetes declarados ilegales y 10.536 en cuentas bancarias bloqueadas.
Según una asociación de afectados, esta medida podría concernir a unas 750 familias, que de forma colectiva en 2015 presentaron una demanda de responsabilidad patrimonial del Estado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo por la que solicitaba la devolución, a quienes fueron sus legítimos propietarios, del papel moneda puesto en circulación por el gobierno republicano con posterioridad al 18 de julio del año 1936.