El Congreso decide este martes si da el primer paso para derogar la reforma de la justicia universal

Todo apunta a que la iniciativa pasará este primer examen, pues tanto el PSOE como Unidos Podemos-En Comú han adelantado a Esquerra su apoyo a la toma en consideración, aunque luego modifiquen el articulado en la fase de enmiendas.

Los independentistas catalanes ya registraron esta iniciativa en la pasada legislatura, pero su breve duración --apenas llegó a los seis meses-- provocó que ni siquiera llegara a ser debatida. Ahora la resucitan y la llevarán al Pleno del Congreso de la próxima semana.

El pasado día 9 la Cámara Baja sacó adelante una proposición no de ley de Unidos Podemos en la que se instaba al Gobierno a revocar la reforma de la justicia universal de 2014, un texto en el que, gracias a las aportaciones del PSOE y Ciudadanos, se pedía también recuperar la modificación anterior, aprobada en 2009, bajo el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.

PSOE Y PNV TAMBIÉN PRESENTARON SUS TEXTOS

Un día antes, era el PNV el que presentaba una proposición de ley para revertir esa reforma para que en España se pudiera volver a juzgar hechos relacionados con delitos internacionales como crímenes de guerra, genocidio o delitos contra la humanidad cometidos en el exterior.

Sin embargo, el Pleno debatirá este martes la tramitación de la de los republicanos catalanes que, a priori, contará seguro con el apoyo de Unidos Podemos y del PSOE, y parece probable el del PNV. Los socialistas, que tienen recurrida la ley del PP ante el Tribunal Constitucional, tienen registrada una proposición de ley en la misma línea.

En su texto, los independentistas catalanes señalan que su reforma pretende que los jueces y tribunales españoles, por lo que a crímenes internacionales se refiere, "puedan ejercer su jurisdicción independientemente de la nacionalidad de las víctimas o del lugar en el que fueron cometidos los presuntos delitos".

"UNA CONQUISTA IRRENUNCIABLE"

ERC defiende la justicia universal como una "conquista irrenunciable" que se debe preservar, "con independencia de la nacionalidad o residencia de las personas agresoras y de sus víctimas". "El Estado español tiene el deber de hacer comparecer ante la justicia a los autores de delitos de derecho internacional", argumenta.

En el escrito, se critica los cambios que se hicieron sobre este tema tanto por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2009, limitando el ámbito de actuación al introducir la exigencia de una conexión relevante con España, como en 2014, cuando el Ejecutivo de Mariano Rajoy "llegó a liquidar el principio de jurisdicción universal".

ERC considera que España no puede desconocer la realidad de la jurisdicción universal de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, por la que la jurisdicción universal "no tiene condicionamientos ni limitaciones por razón de país o sujetos activos o pasivos del delito".

"Las víctimas son universales y discriminarlas por su nacionalidad limita sus posibilidades de exigir justicia y poner coto a la impunidad. Por ello, siguiendo la tendencia internacional expansiva del principio de justicia universal, conviene revertir la reforma desarrollada y se pretende reinstaurar una auténtica jurisdicción universal en el Estado español", resumen los republicanos catalanes.