El Congreso votará mañana la derogación de la reforma local de 2013 que el PP sacó adelante solo

El Pleno del Congreso debatirá este martes si toma en consideración una proposición de ley de Unidos Podemos para derogar la mayor parte del articulado de la actual reforma local, aprobada por el Gobierno del PP en 2013, que, a juicio de los de Pablo Iglesias, ha provocado "una rigidez excesiva" y una "falta de eficiencia" en los servicios que prestan los ayuntamientos, llevando a muchos municipios a un "estado de excepción".

En su iniciativa, que recoge Europa Press, Unidos Podemos censura que bajo la "excusa" de ajustar el funcionamiento de las administraciones locales a la crisis económica, se haya producido "una merma importante" en los servicios públicos que ofrecen los consistorios.

En un contexto de grave crisis económica y política, cuando, a su juicio, era "más necesario que nunca" disponer de una administración "más cercana" y tener "más recursos" para hacer frente a la "decadente" realidad social, el Gobierno aprueba la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, bautizada como 'ley Montoro', "que supuso un recorte competencial sin precedentes y un importante retroceso sobre los servicios que prestan los ayuntamientos".

Una norma, recuerda el grupo confederal, que se aprobó con el rechazo absoluto de casi toda la oposición, que llegó a interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional, alguno de los cuales, apunta, ya comienzan a resolverse, suspendiéndose algunos de los artículos de esa reforma.

LA "ASFIXIA" DE LOS AYUNTAMIENTOS

Frente a esto, Unidos Podemos deroga gran parte del articulado de la citada norma para devolver la "flexibilidad" y la "cercanía" que la prestación de los servicios que ofrecen los ayuntamientos requieren para su adecuado desarrollo.

Se trata, en definitiva, de acabar con la "asfixia" competencial y financiera actual que la Ley sometía a los entes locales y volver de forma temporal al consenso anterior, al de la norma de 1985, con algunas modificaciones adaptadas al actual momento, y preservar la autonomía local, sus potestades y competencias inherentes.

De ahí que en la proposición se establezca un mandato al Gobierno para que en el plazo de nueve meses tome las medidas necesarias para construir una nueva municipalidad que orden las bases del régimen local, que rediseñe las competencias de los entes locales y se fijen las bases para la regulación de una nueva financiación y de haciendas locales que permita su "verdadera" autonomía fiscal y financiera para poder garantizar la prestación de servicios públicos a la ciudadanía.

También el PSOE tiene registradas en el Congreso dos proposiciones no de ley en las que, además, emplaza al Gobierno a aprobar una Ley de Régimen local que "refuerce" la autonomía local, a que garantice una sistema de financiación "estable" y "proporcional" a unas competencias bien definidas de los ayuntamientos.

Asimismo, pide consenso para una nueva ley de haciendas locales que dote de "estabilidad, rigor y recursos" las competencias asumidas por las entidades locales de forma coordinada con la de la financiación autonómica.

LOS AYUNTAMIENTOS, SIN CAPACIDAD DE ACTUACIÓN

De la misma forma, los socialistas reclaman derogar uno de los puntos más polémicos de la reforma local, aquél en el que se ha eliminado la cobertura legal a la prestación de los servicios de tesorería en los ayuntamientos por parte de concejales de municipios con menos de 5.000 habitantes por tratarse de una modificación que se ha hecho "sin el consenso" de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

La portavoz socialista de Administraciones Públicas en el Congreso, María Jesús Serrano, ha señalado que ambas iniciativas insisten en la necesidad de poner fin a una reforma local que supone "un ataque frontal" a los ayuntamientos porque la norma vigente les ha dejado "sin prácticamente capacidad de actuación".

"Esta ley supone entender los ayuntamientos como entes vacíos de competencias, al citar la estabilidad presupuestaria como principio rector que debe presidir sus actuaciones, en vez de situarlo en la atención a los ciudadanos y en dotar de calidad a la prestación de servicios", ha explicado.