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El Congreso anula la competencia de su vicepresidente de Ciudadanos para autorizar gastos de hasta 90.000 euros

La Mesa del Congreso ha modificado las normas sobre ordenación y fiscalización de gastos de la Cámara y, entre otras cosas, ha despojado al vicepresidente primero de la institución --ahora Ignacio Prendes, de Ciudadanos--, de la competencia para aprobar propuestas u ordenaciones de gastos al margen del órgano de gobierno del Congreso. Hasta ahora tenía la facultad de tomar decisiones en este ámbito de forma autónoma si éstas implicaban un gasto inferior a los 90.000 euros.
El acuerdo de la Mesa, recogido por Europa Press, actualiza, "para facilitar la gestión", las normas de contracción de obligaciones, ordenación y fiscalización de gasto y ordenación de pagos aprobadas en noviembre en 2008, bajo la Presidencia del socialista José Bono, y cuando la vicepresidencia primera del Congreso estaba en manos de su compañera de grupo parlamentario Teresa Cunillera.
Durante la X Legislatura (2011-2015) cuando el presidente, el 'popular' Jesús Posada, también era del mismo partido que la vicepresidenta primera, Celia Villalobos, se aplicó la norma aprobada en la legislatura anterior. Y la misma se mantuvo en la breve legislatura siguiente, pese a que ahí ya estos puestos los ocupaban diputados de distintos partidos: Patxi López (PSOE) y Celia Villalobos (PP).
Sin embargo, tras la llegada a la Presidencia del Congreso de la 'popular' Ana Pastor y la elección de Nacho Prendes, de Ciudadanos como vicepresidente primero, se ha acometido esta modificación que despoja al 'número dos' de la Mesa de la competencia de aprobar propuestas u ordenaciones de gastos de hasta 90.000 euros.
MÁS MARGEN PARA LOS FUNCIONARIOS
También tienen la facultad de ordenar pagos sin pasar por la Mesa del Congreso el director de Presupuestos y Contratación de la Cámara y el secretario general del Congreso, que, con las nuevas normas adquieren un mayor margen de maniobra.
Hasta ahora el director de Presupuestos podía hacerlo si se trataba de un importe inferior a los 6.000 euros, un tope que ahora se eleva hasta los 10.000. En el caso del secretario general, el límite sube de los 30.000 a los 40.000 euros.
Es decir, ahora cualquier propuesta u ordenación de gasto superior a los 40.000 euros deberá obligatoriamente ser aprobada por el órgano de gobierno del Congreso.
Si la ordenación del gasto implica la contratación de obras, servicios, adquisiciones o suministros habrá de iniciarse un expediente de contratación justificando la necesidad de la obra y el gasto estimado y se propondrá el procedimiento que se estime más adecuado de los previstos en la legislación. El expediente se elevará a la Mesa del Congreso, el director de Presupuestos o el secretario general en función de los importes antes citados.