El Congreso aprueba la LPI sin el apoyo de la oposición ni del sector cultural

Durante el trámite parlamentario, representantes del sector cultural han organizado varias concentraciones en las últimas semanas en protesta por esta ley.

La nueva LPI llega con varias de sus más polémicas medidas, como la conocida compensación para medios por parte de agregadores conocida como 'tasa Google' o las multas de hasta 600.000 euros para luchar contra la piratería.

Asimismo, la compensación irrenunciable por parte de los agregadores de noticias a los editores ha levantado críticas entre algunos de ellos y el aviso de Google de que podría cerrar su servicio de 'Google News' en España.

También persigue esta ley la búsqueda de una mayor transparencia en las entidades de gestión y la ventanilla única en el pago de derechos de autor.

Las críticas no son pocas, pese a que el Gobierno promete que es solo una reforma "parcial", puesto que realizará una modificación de "más amplio calado" previsiblemente el año que viene, tras la aprobación de una directiva comunitaria sobre propiedad intelectual.

Las críticas del sector

Al texto solo le falta su publicación en el BOE para entrar en vigor en enero de 2015. Las entidades de gestión, agrupadas en la asociación Adepi, enviaron esta semana una carta dirigida a todos los diputados en la que pedían que no votasen esta reforma que, según destacan, traerá "graves consecuencias" para el país, que no está "aprovechando el tirón de la gran oferta cultural".

Tal y como indicó a Europa Press el director de Adepi, Antonio Fernández, "cuando la ley entre en vigor reducirá cientos de miles de salarios de profesionales del sector cultural, al recortar arbitrariamente sus derechos, dificultará la gestión y no aportará soluciones eficaces en la lucha contra la piratería".

Esta carta se une a las diferentes concentraciones frente a la Secretaría de Estado de Cultura, en la que rostros conocidos como los de Ana Belén, Víctor Manuel, Héctor Alterio, el académico y director teatral José Luis Gómez, Pilar Bardem, Luis Cobos o Montxo Armendáriz, entre otros, han protestado por esta ley.

Copia privada

Uno de los temas que más han criticado las entidades de gestión es la compensación por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), un sistema que consideran injusto puesto que involucra a toda la sociedad, pero también insuficiente, porque la cantidad destinada es mucho menor que la obtenida con el canon.

Las entidades de gestión han afirmado en diversas ocasiones que están dispuestas a tomar medidas "judiciales" que "supondrán reclamaciones por perjuicio patrimonial que, si Europa termina por dar la razón a las entidades, podrían suponer a medio plazo indemnizaciones de cientos de millones de euros".

A esto se suma la decisión del Tribunal Supremo, que acordó el pasado 18 de septiembre preguntar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) si este nuevo sistema de compensación ajusta a la legislación europea. En caso afirmativo, cuestionará si la cantidad total destinada a la compensación, "aún siendo calculada con base en el perjuicio efectivamente causado, debe fijarse dentro de los límites presupuestarios establecidos en cada ejercicio".

'Tasa Google'

Otro de los temas que han generado discrepancias es la llamada 'tasa Google', una compensación económica para editores de noticias por la explotación de sus contenidos en el ámbito de los agregadores de noticias en Internet, para la que los socialistas han exigido la posibilidad de renuncia, así como la inclusión de compensaciones para periodistas y fotógrafos.

A favor de la tasa se ha posicionado la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE), que asevera que "el reconocimiento de los derechos que amparan a los editores sobre los contenidos que elaboran sus medios resulta hoy esencial". Así, ha advertido de que el actual 'statu quo' de Google ejerce una "amenazante posición" de dominio en el mercado de Internet, ya que "se aprovechan del esfuerzo ajeno" y va "en contra de los emprendedores que producen los contenidos, crean empleo, cotizan y pagan impuestos en España".

Por el contrario, otras asociaciones como la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) han reiterado su defensa del "derecho a decidir del empresario" sobre si cobra o no la 'tasa Google'. "Defendemos la libertad de empresa y el derecho a decidir del propietario sobre quién, dónde y por cuánto se usan sus contenidos", señalaba.

En esta línea, la Plataforma por los Derechos de Autor de los Periodistas instó al PP a "rectificar" y aceptar las enmiendas de la oposición para incluir a los periodistas y a los fotorreporteros como titulares de los derechos a percibir una remuneración por la utilización por los agregadores.

Por su parte, la Coalición pro Internet que preside el periodista Arsenio Escolar encargó a Analistas Financieros Internacionales (AFI) un estudio del que se desprendía que la implantación de la 'tasa Google' tendría un impacto negativo de 1.133 millones de euros al año para los cerca de 17 millones de internautas españoles que consultan medios de comunicación online.

Derechos de autor

Respecto a las entidades de gestión de derechos de autor, la LPI establece obligaciones a las entidades de gestión para mejorar la identificación y localización de los titulares de derechos a quien deben realizar los pagos y la posibilidad de acrecimiento del reparto o de la compensación de los excedentes negativos de las entidades. Asimismo, se crea un mecanismo de ventanilla única como medio de facturación y pago, para lo que se obliga a las entidades de gestión a nombrar a una persona jurídica privada que estará encargada de centralizar estas operaciones.

Otra novedad de esta reforma es la transposición de dos directivas: la ampliación del plazo de protección de los derechos de los artistas o intérpretes o ejecutantes y de los productores de fonogramas en 20 años, que pasa de 50 a 70 años; y el establecimiento de un marco legislativo que garantice la seguridad jurídica en el uso de las obras huérfanas por parte de las instituciones culturales.

Por otro lado, se limita a 10 el máximo que se puede reproducir una obra en el ámbito científico y académico, tal y como solicitaron colectivos como CEDRO y la CRUE, con el fin de aclarar qué es lo que se puede reproducir.

Asimismo, se ha incorporado la transposición de una directiva europea sobre derechos de alquiler y préstamo de libros "para aclarar qué es el préstamo de libros" y evitar que "bibliotecas públicas cobren por coger prestado un libro".