Ciudadanos exige cubrir todas las plazas vacantes de interventores locales para prevenir la corrupción

En el escrito que ha registrado en el Congreso, el diputado José Cano Fuster, recuerda que en 2014 el Gobierno aprobó una oferta de empleo público extraordinaria de 210 plazas adicionales de secretarios-interventores, dado que en aquel momento alrededor del 35% de un total de 9.039 plazas reservadas a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional estaban sin cubrir.

"En 2016, esta situación persiste y pone en riesgo el correcto funcionamiento de la Administración Local", avisa el partido de Albert Rivera en su iniciativa, recogida por Europa Press.

Como ejemplo de esta situación, el partido naranja cita datos del del Colegio Oficial de Interventores, Secretarios y Tesoreros de Sevilla, donde el 33% de los puestos están vacantes y los ocupados de forma accidental o interina "se cubren con personal que no se ha formado específicamente ni tiene aprobadas las oposiciones, con lo que ello supone".

VACANTES POR PROVINCIAS

"La situación en otras provincias de Andalucía no es mejor. Según datos de la Junta en 2014, Huelva o Granada, con muchos municipios muy pequeños, tenían vacantes el 64% y 67% de sus puestos", añade Ciudadanos, que quiere que el Gobierno le detalle qué porcentaje de plazas reservadas estos funcionarios sigue vacante en la actualidad y que desglose los datos por provincias.

También aspira a que el Ejecutivo explique qué valoración hace de la evolución de las vacantes de estos puestos desde 2014, cuáles son los mayores obstáculos cubrir el 100% de los mismos y qué medidas se han adoptado para ello.

En su texto, Ciudadanos recuerda que los secretarios-interventores de la Administración Local son los encargados de fijar criterios jurídicos, fiscalizar y advertir a los cargos electos de la legalidad de sus decisiones y que intervienen en numerosos actos jurídicos como planes de ordenación urbana, presupuestos, concesiones públicas, contrataciones, etc.

"De ahí la relevancia de contar con estos técnicos para que velen de la adecuación a la legalidad desde la independencia que le otorga el estatus de funcionario", defiende Cano Fuster, quien recuerda que "la mayoría de los casos de corrupción se dan a niveles de la administración local y autonómica".