Ciudadanos, partidario de estudiar sanciones contra cargos del régimen de Maduro

Ciudadanos es partidario de estudiar la posibilidad de imponer sanciones contra determinados cargos del régimen venezolano de Nicolás Maduro y ha empezado por preguntar al Ejecutivo si ha considerado "la posibilidad de formular algún tipo de sanción contra el gobierno o instituciones venezolanas" y si lo ha abordado en la UE.

Así lo ha explicado a Europa Press el portavoz de la formación en la Comisión de Exteriores del Congreso, Fernando Maura, que ha puntualizado que en ningún caso se trataría de adoptar sanciones contra los venezolanos. "Sanciones al pueblo no, en todo caso contra los responsables de esta barbaridad", ha resumido.

A su juicio, las sanciones pueden ser "una vía de actuación suplementaria" para ejercer presión sobre Venezuela, en la línea de lo que ha hecho Estados Unidos adoptando sanciones contra ocho magistrados del país, o la propia UE con Rusia por su papel en el conflicto de Ucrania.

España podría adoptar las sanciones en solitario, pero Maura puntualiza que lo más eficaz es que el Gobierno lleve a la UE un elenco de posibles medidas y que "lidere una ofensiva" para intentar que el régimen venezolano lleve a cabo medidas que van incluso contra su propia Constitución. "Cuanto más contundentes seamos mejor ayudaremos al pueblo venezolano", afirma, recalcando que el objetivo es ayudar a la celebración de elecciones libres, y que se reconozca el resultado.

La posibilidad de sanciones se menciona en una batería de preguntas que el diputado ha registrado en el Congreso para pedir respuesta por escrito del Gobierno. Entre otras cosas, también quiere saber si España tiene prevista la venta a Venezuela de "material antidisturbios que sería utilizado en contra del pueblo".

Por otro lado, quiere saber si el Ejecutivo ha tomado alguna medida para intentar frenar las "torturas" sufridas por los opositores detenidos en Venezuela y, en concreto, para interesarse por la situación de Yon Goicoechea, arrestado el 29 de agosto de 2016, y de Gilber Caro, en prisión desde el pasado 11 de enero.

En concreto, Ciudadanos pregunta al Gobierno qué gestiones ha hecho, y con qué resultado, en favor de Yon Goicoechea, que, según señala, se encuentra recluido en una sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) a pesar de que desde el 20 de octubre hay una resolución judicial que reconoce que se han cumplido los requisitos para que sea excarcelado.

A GOICOECHEA NO SE LE IMPUTAN DELITOS

Maura recalca que, según han denunciado sus familiares, el tribunal de la causa lleva sin atender al público desde el pasado diciembre. Goicoechea, que tiene doble nacionalidad, venezolana y española, fue arrestado por personas no identificadas y solo después un alto dirigente del partido del Gobierno precisó que el motivo fue que portaba explosivos para usar en una manifestación de la oposición. Sin embargo, el Ministerio Público no encontró motivos para acusarlo de ningún delito, y aun así sigue retenido.

En segundo lugar, la formación 'naranja' se interesa por el caso de Gilber Caro, diputado suplente que fue detenido junto a su novia, Steyci Escalona, activista de Voluntad Popular, el 11 de enero de 2017. El vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, le acusó en televisión de portar un fusil de guerra y material explosivo, y de haber cruzado la frontera con Colombia sin informar de ello.

El parlamentario español relata en su pregunta que Escalona fue conducida ante un tribunal militar, que le imputó delitos de sustracción de efectos militares y rebelión, mientras que a Caro se le trasladó sin presentarle ante un juez al centro penitenciario del Estado de Guárico. Según medios locales, este mes de mayo ha sido trasladado a la ciudad de Tocuyito, en el Estado de Carabobo.

Ciudadanos ha destacado que, en este caso, a la detención irregular se suma la violación de la inmunidad parlamentaria del opositor, y por eso pregunta al Gobierno si se ha interesado por su situación.

También de forma más general pregunta al Gobierno si "es consciente de la práctica de torturas en Venezuela" y si ha hecho alguna gestión "para el cese de esa práctica". Ciudadanos se basa en una denuncia de Amnistía Internacional sobre los jóvenes Raúl Emilio Baduel Cafarelli y Antonio Tirado Lara, detenidos el 21 de marzo de 2014 mientras se manifestaban de forma pacífica.

Ambos fueron condenados por delitos de instigación pública, intimidación pública con artefactos explosivos, y agravamiento, pero el diputado denuncia que en su juicio hubo "arbitrariedades", como la exclusión injustificada como pruebas de vídeos en los que se evidencia el carácter pacífico de la protesta, falta de motivación de la condena y obstáculos al ejercicio de la defensa, como la negativa a grabar en vídeo las audiencias.

TORTURAS Y AISLAMIENTO

Pero además, Baduel y Tirado denunciaron haber sufrido torturas y malos tratos durante su detención preventiva: "golpes por funcionarios policiales; lanzamiento de bombas lacrimógenas a la celda o recibir comida caliente en las manos para que ésta se les cayera al suelo en el que había aguas negras y así no pudieran comer", relata el texto. También afirmaron que les ponían "música proselitista durante las noches" y que tenían que tumbarse sobre el suelo de asfalto caliente, lo que les provocó quemaduras. Los hechos han sido denunciados ante la Fiscalía pero, según Ciudadanos, no se ha abierto ninguna investigación.

Sobre la práctica de torturas y aislamiento, Maura plantea un caso más, el de Rosmit Mantilla, que fue enviado a una "celda de castigo" donde estuvo 10 días sin luz eléctrica y sin visitas aparte de las de sus familiares, en un régimen de aislamiento no amparado por ninguna decisión judicial.

Por último, el partido 'naranja' pregunta al Gobierno si ha hecho alguna gestión con Venezuela para tratar de frenar el "uso excesivo de la prisión preventiva" y los tribunales militares. Según explica, la prisión preventiva se está generalizando dado que los opositores son acusados de delitos que tienen penas muy severas --traición a la patria, terrorismo o rebelión--, de manera que está sobrepasando los límites que impone la ley.

Junto a las "arbitrariedades" y las "torturas", Ciudadanos denuncia que distintos organismos internacionales como el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, han manifestado su preocupación por el hecho de que cerca del 65% de los jueces en Venezuela se encuentran en situación provisional, es decir, con riesgo de ser sometido a presiones.