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Los jueces de Cataluña deberán concretar en las sentencias de discapacidad si afectan al voto

Una enmienda al Código Civil impedirá que se prive automáticamente de este derecho
Una enmienda en el libro segundo del Código Civil catalán obligará próximamente a los jueces a pronunciarse "expresamente" sobre el derecho a voto de las personas afectadas cuando dicten una sentencia de discapacidad.
Lo ha anunciado este jueves el conseller de Justicia, Carles Mundó, durante una visita a la Fundació Canigó de Barcelona --que trabaja con discapacitados intelectuales-- acompañado de la presidenta de esta entidad, Montserrat Gispert, y de la de Dincat, Rosa Cadenas.
A partir de esta enmienda, que está prevista que prospere en el Parlament en febrero, los jueces tendrán que decir si limitan o no el derecho a voto y no podrán dictar una sentencia de incapacidad total "de forma automática", ha dicho el conseller.
Hasta ahora, en la mayoría de casos la declaración de incapacitación implicaba que los derechos civiles de la persona quedasen anulados, incluyendo el voto y, para recuperar este derecho, las familias tenían que iniciar un proceso judicial asumiendo un coste que muchas no podían afrontar.
Mundó ha explicado que esta obligación de los jueces implicará también que tanto los fiscales como los abogados y los médicos forenses que examinen a la persona tengan que tener "un criterio claro de si se debe limitar o no el voto".
La iniciativa de la Conselleria de Justicia parte de las demandas de las entidades que representan a las personas con discapacidad y a sus familias en Catalunya, que han denunciado las trabas con las que se encuentran para participar en la vida política.
Los discapacitados pueden tener, por ejemplo, dificultades para el control de su dinero y ser necesaria la declaración de discapacidad para que puedan ser supervisadas por su familia para protegerlos, pero eso no debe implicar necesariamente que no puedan votar.
En este sentido, Mundó ha dicho que estas limitaciones que establecen las sentencias de incapacidad deben servir para proteger a estas personas "y no para perjudicarlas".
"UN PASO ADELANTE"
"Es un paso adelante. Ahora no se hará --una sentencia-- sin mirar a las personas", se ha felicitado Rosa Cadenas, la presidenta de Dincat, federación que vela por los derechos y la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual.
Según cifras del Síndic de Greuges recogidas por la Conselleria de Justicia, en Catalunya hay 4.000 personas que no pueden votar porque han perdido este derecho con una sentencia de incapacitación.