Catalá recuerda que el procedimiento contra Mas es un asunto judicial y apela a la independencia de las instituciones

El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, ha manifestado este jueves en referencia a la decisión del TSJC de mantener el procesamiento del expresidente de la Generalitat Artur Mas, que se trata de una cuestión jurídica y ha recordado que se enmarca dentro del normal funcionamiento de las instituciones, las cuáles actúan con independencia y autonomía.

Catalá ha hecho estas declaraciones tras firmar dos convenios de colaboración con el consejero de Justicia catalán, Carles Mundó, quien, por su parte ha asegurado que no comparte este "análisis" en tanto considera que se trata de un conflicto de índole política y que debería tener una respuesta enmarcada en el diálogo y no judicial.

No obstante el también responsable del departamento de Fomento ha diferenciado entre los conflictos que pueden surgir entre el Gobierno central y las autonomías en relación con alguna norma o decisión que tomen las comunidades de aquellas acciones que se enmarcan dentro del ámbito penal.

"Cuando la Fiscalía considera que se ha producido infracción al ordenamiento jurídico, presenta una acción penal y en eso es absolutamente autónoma como dice la Constitución. Deberíamos ser capaces de entender que queremos tener una democracia vertebrada en torno a las instituciones, servidas por personas independientes en el caso de los jueces, que actúan con autonomía en el caso de los fiscales y esa es la mejor garantía de los derechos de los españoles, ha señalado.

"MALA NOTICIA"

Por su parte, el conseller catalán ha mostrado su divergencia en torno a la cuestión y ha apuntado que el proceso contra Artur Mas y las exconselleras catalanas Irene Rigau y Joana Ortega por su implicación en la consulta independentista se trata de "la judicialización de una cuestión política" y al respecto ha añadido que la situación que se vive en Cataluña merece una respuesta que no sea judicial.

"Es una mala noticia que hoy conozcamos que el expresidente de la Generalitat y dos conselleras tengan que asistir a un juicio por le hecho de haber preguntado a los ciudadanos cual es su opinión sobre el futuro político en Cataluña y en este contexto lamentamos que las vías de diálogo no sean más presentes y no puedan encauzar una cuestión que es de la política y no de la Justicia.