Catalá buscará el consenso para sacar adelante una Estrategia Nacional que modernice la Justicia

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se enfrenta en esta nueva legislatura al reto de modernizar la Administración y adaptarla a las necesidades actuales, y lo hará con la puesta en marcha de una Estrategia Nacional de Justicia que aglutine el sentir general del colectivo jurídico y el arco parlamentario. Otro de sus objetivos será lograr un Código Procesal Penal que agilice los procedimientos y mejore la lucha contra la corrupción.

Catalá tiene por delante el reto de acordar un Pacto de Estado en esta materia que vienen demandando tanto asociaciones de jueces como fiscales y abogacía, con el fin de que se constituya un Poder Judicial independiente que refuerce la confianza de los ciudadanos en la Administración.

En el último año las principales asociaciones de jueces han hecho especial hincapié en el objetivo de alcanzar un consenso en la cámara baja para que la Justicia "no esté al albur de los intereses políticos" y por ello han propuesto cambios destacables como que doce de los veinte vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sean elegidos directamente por los magistrados y no por los políticos.

Se trata de una reivindicación --que respalda la Unión Europea (UE)-- con la que se busca 'despolitizar' la institución e impulsar una mayor separación de poderes, ya que en la actualidad los 20 miembros del órgano de gobierno de los jueces son elegidos por representantes parlamentarios.

MÁS MEDIOS CONTRA LA CORRUPCIÓN

El nuevo ministro tendrá que revisar el sistema procesal español de cara a modernizar y simplificar las leyes procesales para suprimir los trámites innecesarios que retrasan la decisión judicial y los recursos dilatorios que obstaculizan la fase de instrucción.

Los profesionales de Justicia reivindicarán que dote de más medios en la lucha contra la corrupción, tal y como demandó recientemente la Asociación Profesional de Fiscales (APIF), cuya petición es que se establezcan unos "protocolos claros de asignación" de asuntos a la Fiscalía Anticorrupción, al margen de que la decisión final recaiga en el fiscal general.

La reforma del Código Procesal Penal es otro de los aspectos que necesitan una "reforma profunda" tal y como ha defendido Catalá recientemente. Desde el Poder Judicial insisten en la necesidad de introducir reformas sustanciales, como las que puedan afectar a la duración de los procedimientos o al papel de la acusación popular, muy cuestionado desde diferentes ámbitos.

DIGITALIZACIÓN DE LA JUSTICIA

Continuar con el proceso de digitalización en las comunidades autónomas es otro de los grandes retos para el responsable del ramo ya que el próximo 1 de enero de 2017 las administraciones y organismos públicos así como hospitales, deberán relacionarse electrónicamente con la Administración de Justicia.

Catalá, que llegó al cargo en septiembre de 2014 tras la salida de Alberto Ruiz-Gallardón, ya impulsó una reforma en este sentido apostando por una justicia digital con menos dependencia del papel y con un sistema de gestión procesal común. En base a ello entró en vigor el 1 de enero de este año la obligatoriedad de comunicaciones entre la Administración de Justicia; programa conocido como Lexnet.

Este mecanismo ha provocado rechazo entre parte de los profesionales de la Justicia que consideran que el ministro ha sido incapaz de cumplir su promesa de 'papel cero' en la Administración. En concreto, la Fiscalía denunció a comienzos de año disfunciones en este sistema que obliga a presentar todos los escritos en los juzgados de forma telemática.

No obstante, desde el Ministerio defienden que más de 600 juzgados, que tramitan el 65 por ciento de asuntos en el territorio gestionado por el departamento, trabajan íntegramente en formato digital y 5.500 usuarios, entre jueces, letrados o funcionarios, manejan a diario documentos digitales y usan firma electrónica.

Con la aprobación de la Nueva Oficina Judicial, que se está implantando en todo el territorio nacional, se busca terminar con la dispersión actual de juzgados. El objetivo es que se unifiquen los informes y propuestas elaborados por los grupos de coordinación de cada partido judicial y centralizar la información relativa al proceso de implantación para su posterior transmisión al resto de implicados en la materia.

REGISTRO CIVIL

La 'desjudicialización' del Registro Civil es uno de los asuntos pendientes que hereda el ministro, que buscará previsiblemente el consenso con todos los actores judiciales para emprender la reforma después de que en la anterior legislatura paralizara la encomienda a los registradores de propiedad y mercantiles de la gestión de este órgano.

La solicitud de convocatoria de plazas es otra de las reclamaciones más escuchadas por parte de colectivos como el de jueces, que recuerda que el número de magistrados por habitante en España es de los más bajos de la Unión Europea. En concreto hay 11 jueces por cada 100.000 habitantes mientras que la media europea es de 21, lo que supone la mitad frente a los países de nuestro entorno.

No obstante el Ministerio convocó el pasado año plazas para el cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa (auxiliares de Justicia) y para el cuerpo de Auxilio Judicial, con una demanda tal (más de 110.000 solicitudes para poco más de 1.000 plazas) que se tuvieron que retrasar los exámenes. Este año también se han celebrado la convocatoria de plazas a juez y fiscal donde cerca de 4.000 aspirantes buscarán obtener una de las 65 plazas que se ofertaban.