Catalá propone en el Congreso revisar la elección del CGPJ, las 'puertas giratorias' y limitar la acusación popular

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha propuesto este lunes en el Congreso de los Diputados introducir mecanismos que sirvan para mejorar la percepción que la sociedad tiene de la independencia judicial. Para ello, ha planteado revisar el sistema de elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), regular las denominadas 'puertas giratorias' entre la Justicia y la política y limitar la acusación popular para evitar que se emplee como "instrumento" para objetivos espurios.

Durante su intervención ante la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, el ministro ha adelantado que planteará a la subcomisión creada para el debate de reformas el "consenso pleno" que existe respecto a que los jueces deben contar con máximo protagonismo en el proceso de elección de los miembros de su órgano de Gobierno.

"Si existen caminos para perfeccionar el modelo actual y reforzar los mecanismos para que sean los propios jueces quienes elijan más directamente a sus vocales, no dejemos de explorarlos", ha dicho.

En la misma línea, Catalá ha propuesto revisar el sistema de nombramientos de presidentes de tribunales y magistrados del Tribunal Supremo y propone modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para suprimir la posibilidad de que los parlamentos autonómicos propongan magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia.

También quiere "reducir al límite la discrecionalidad en el sistema de nombramientos" para introducir criterios de transparencia y objetividad en todos los concursos y designaciones.

MODELOS RAZONABLES

En cuanto a las 'puertas giratorias', el ministro ha planteado revisar su regulación para evitar que jueces y magistrados alternen --"sin solución de continuidad", ha dicho-- su labor jurisdiccional con el desempeño de cargos políticos. Según ha avanzado, entre la actual desregulación total y la ultralimitación "hay modelos razonables" que se pueden analizar.

Además, Catalá considera "fundamental" limitar la acusación popular para "desjudicializar la política" y ha asegurado que su mal uso ha pervertido el sentido de esta figura constitucional. "Los tribunales no están para disputas ideológicas", ha dicho el ministro, que se ha mostrado seguro de poder llegar a un modelo de concertación pactado entre todos.