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¿Quién es quién en el caso de los ERE falsos de Andalucía?

Los ocho procesados por el caso de los ERE de Andalucíacuatro.com

La instrucción del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos en Andalucía salpica de lleno a la Junta de Andalucía durante casi toda una década, la que va desde finales de 1999 hasta casi 2012. La investigación afecta a una trama clientelar de malversación de ayudas públicas en la que los diferentes Gobiernos andaluces presididos por Manuel Chaves y José Antonio Griñan habría presuntamente favorecido a amigos y allegados al partido socialista mediante las ayudas para los desempleados. Pero ¿quién es quién en el entramado descrito por el juez en su auto de juicio oral?

Manuel Chaves y Jose Antonio Griñán

Los socialistas, Chaves y Griñán presidieron la Junta de Andalucía entre 1990-2009 y 2009-2013, respectivamente. El instructor último de la causa considera que ambos "cebaron sin descanso la partida de los ERE". Además, asegura en su primer auto que ocultaron a través del mecanismo de transferencias de financiación lo que en realidad eran subvenciones.

A Chaves le imputa por "la implantación de este procedimiento para la distribución de ayudas y subvenciones, conociendo tanto los mecanismos destinados a ello, transferencias de financiación y modificaciones presupuestarias, como la falta de un procedimiento dotado de las mínimas y elementales garantías para el reparto de ayudas y subvenciones". Añade además que "asumió la eventualidad de que los fondos vinculados a este procedimiento fuesen objeto de disposición discrecional, si no arbitraria, e, incluso, con fines ajenos a los intereses generales a los que estaban destinados, eludiendo la  fiscalización previa".

A Griñán, le acusa de haber "mantenido el procedimiento para la distribución de ayudas y subvenciones, conociendo tanto los mecanismos destinados a ello, transferencias de financiación y modificaciones presupuestarias, como la falta de un procedimiento dotado de las mínimas y elementales garantías para el reparto de ayudas y subvenciones".
Gaspar Zarrías

Presidente en funciones tras la dimisión de Griñán, Zarrías ha sido durante años el motor de transmisión entre el PSOE y los gobiernos de la Junta. Su imputación en el caso responde a que el instructor considera que en su papel en las sesiones de la Comisión General de Viceconsjeros "se desprenden datos indicativos de que el imputado conocía los problemas de legalidad que habían surgido en la concesión de las ayudas/subvenciones por parte de la Consejería de Empleo para asistir a los trabajadores y empresas en crisis". El juez apunta que si bien Gaspar Zarrías no estuvo presente en las sesiones en las que se acordó elevar al Consejo de Gobierno las propuestas de modificaciones presupuestarias, sí estuvo presente en la lectura del acta de la sesión y su posterior aprobación, "por lo que tuvo conocimiento de su tramitación".  
Magdalena Álvarez

Álvarez fue consejera de Economía entre 1994 y 2004 y exministra de Fomento con José Luis Rodríguez Zapatero. El instructor cree que fue la que "inició el impulso de este procedimiento proponiendo la realización de modificaciones presupuestarias que se gestionaban o aprobaban en su departamento". Señala también lo adaptó "en una segunda fase mediante la recepción de este sistema en los proyectos de presupuestos para la Comunidad Andaluza". Destaca además que "conocía la ilicitud del sistema que estaba instaurando y, por tanto, que no debe admitirse su aducida ignorancia".
José Antonio Viera

Viera fue consejero de Empelo de la Junta de Andalucía entre 2000 y 2004. El ex director general de Empleo, Francisco Javier Guerrero, afirmó en su declaración ante la Guardia Civil que Viera "dirigía realmente la política de concesión de ayudas". Según los investigadores, habría favorecido presuntamente a empresas de la Sierra Norte de Sevilla, que con una población de 30.000 habitantes recibió el 70 por ciento de las ayudas.En julio de 2000 firmó junto al entonces presidente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA, luego IDEA) un convenio que, según la instrucción 'pudo dar origen al procedimiento específico' que empezó a otorgar las ayudas investigadas.

Antonio Fernández

Férnandez fue viceconsejero de Empleo de 1995 a 2004 y Consejero entre 2004 y 2010. Pero ya desde el año 2000, ocupaba la la vive presidencia del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), organismo encargado de conceder las ayudas cuestionadas. Para la instructora, Mercedes Alaya era el autor intelectual que permitió presuntamente desde 2001 una década de ayudas sin control por lo que ingresío en prisión el 24 de abril y salió el 10 de agosto de 2012 tras pagar una fianza de 450.000 euros. La juez le imputó seis delitos: negociación prihibida a funcionario, malversaciónnde fondos públicos, fraude en subvenciones y prevaricación, y los delitos simples de cohecho y falsedad en documento.
Carmen Martínez Aguayo

Consejera de Economía, Hacienda y Administraciones Públicas durante los gobiernos de José Antonio Griñán, el instructor considera en su auto que "impulsó de manera directa el mantenimiento de este procedimiento para la distribución de ayudas y subvenciones, conociendo tanto los mecanismos destinados a ello, transferencias de financiación y modificaciones presupuestarias, como la falta de un procedimiento dotado de las mínimas y elementales garantías para el reparto de ayudas y subvenciones". Cree además que "asumió la eventualidad de que los fondos vinculados a este procedimiento fuesen objeto de disposición discrecional, si no arbitraria, e, incluso, con fines ajenos a los intereses generales a los que estaban destinados, eludiendo la  fiscalización previa de la Intervención".
Francisco Vallejo

Vallejo fue Consejero de Innovación entre el 25 de abril de 2004 y el 24 de abril de 2009 pero antes ocupó la presidencia de IFA-IDEA entre los años 2004 a 2009. El instructor le imputa haber impulsado los presupuestos así como las transferencias de financiación de la Consejería de Empleo hacia IFA-IDEA. También las modificaciones presupuestarias relativas al programa 31L. "En todos los casos, -añade-,  la actuación se llevó a cabo con conocimiento de que el procedimiento para la concesión de ayudas y subvenciones era irregular".