El embrión del CNI catalán pagó a Price 370.000 euros por consultas sobre aumento de personal o propiedad intelectual

El Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (Cesicat), conocido como el embrión del 'CNI catalán', pagó a la consultora PricewaterhouseCoopers cerca de 370.000 euros hasta 2014 por asesoramiento sobre diversos temas, entre ellos, saber si podían aumentar el personal o subir los sueldos, así como sobre quien era el dueño de los derechos de la propiedad intelectual de las aplicaciones informáticas que contrataban con terceros.

Así consta en un informe de la Guardia Civil, aportado a la investigación que lleva a cabo el Juzgado número 13 de Barcelona sobre la creación de estructuras de Estado en Cataluña al margen de la legalidad y la organización del referéndum ilegal de independencia del pasado 1 de octubre, aunque proveniente de la investigación que se inició en la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Los agentes habían solicitado información a un total de 26 empresas que habían contratado con el CESICAT para averiguar si esta Fundación perteneciente a la Generalitat de Cataluña estaba montando un 'CNI catalán', la llamada Agencia Nacional de Seguridad.

SECRETO PROFESIONAL

Entre las empresas se encontraba la consultora PricewaterhouseCoopers, que inicialmente se amparó en el "secreto profesional" para no aportar datos, pero que finalmente, a través de su abogado, entregó en mayo de este año la información requerida por la Guardia Civil. La documentación aportada relacionada con la investigación sobre el CESICAT, contenida en un pen-drive, se concreta en tres facturas por importes de 142.797 euros; 3.702 euros y 224.200 euros.

Según el oficio del Instituto Armado, al que ha tenido acceso Europa Press, en la primera de éstas está incluida la realización de un informe jurídico para el CESICAT sobre la posibilidad de adoptar determinados acuerdos en materia de personal de la entidad consistentes en ampliar la plantilla y/o aumentar la retribución de su personal. También se advertía en el estudio sobre las consecuencias legales que podía acarrear el supuesto de que se llevaran a cabo acuerdos por parte de la citada Fundación en dicho sentido.

En el sumario también está incluida la factura bajo el epígrafe de "aprovisionamiento de servicios del CESICAT", por valor de 142.797 euros, así como un cuestionario de los agentes a la consultora, en la que ésta responde que ese informe en concreto sobre las plantillas del Cesicat tuvo un coste de 2.304 euros más IVA, pero señalando que lo habían cobrado en la factura de 142.797 euros de 30 de junio.

La consultora deja claro al Centro de Seguridad de la Información de Cataluña que no puede contratar más personal, ni tampoco incrementar el gasto en salarios. Si lo hace, precisan, los acuerdos serían contrarios a derecho. La consulta se realizó en 2014 y en aquel momento, los organismos públicos estaban sujetos a la prohibición de realizar nuevos contratos que se contenía en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

PwC también señalaba que la adopción de acuerdos contrarios a derecho podrían tener consecuencias si se producía un daño a la Entidad y que determinadas personas vinculadas a la Fundación estarían legitimadas para ejercitar una acción de responsabilidad dirigida a los patronos para que restauraran a ésta el daño causado.

CONSULTA POR PRESUNTA INTERCEPTACIÓN DE CORREOS

El Cesicat también fue asesorado por Price a raíz de una denuncia interpuesta por Albert Gabás fundamentada en la supuesta interceptación de correos electrónicos por parte ente de Seguridad de la Información.

Además, en el informe de la Guardia Civil se incluye un trabajo para el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) realizado por esta consultora por un importe de 224.200 euros consistente en un informe jurídico sobre los derechos de propiedad intelectual de las apliaciones informáticas e-Cataluña y ACTIC contratadas por la Generalitat de Cataluña a terceros.

Tanto el CTTI como el Cesicat fueron intervenidos y registrados por la Guardia Civil el 30 de septiembre, para bloquear los servicios informáticos que habían sido preparados para el referéndum del 1 de octubre.