La CIC mantiene la petición de 10 años de cárcel para Blesa y Rato por idear un sistema "perverso y arbitrario"

La acusación popular ejercida por la Confederación Sindical de Crédito (CIC) en la causa de las tarjetas 'black' ha mantenido ante el tribunal de la Audiencia Nacional la petición de las mayores penas de prisión para Miguel Blesa y Rodrigo Rato --diez años para cada uno en calidad de presidentes de Caja Madrid-- por haber permitido que los 63 encausados restantes se apropiaran de las cantidades cargadas al sistema de tarjetas que ha calificado de "perverso y arbitrario".

Herzog, ha señalado en la exposición de conclusiones que las defensas han seguido una estrategia a lo largo del proceso judicial basada en "complicar" una realidad mucho más sencilla de lo aparente y que se recoge en el informe de auditoria elaborado por Bankia y aportado a la causa que determina que estas tarjetas fueron opacas y emitidas al margen del circuito legal de la caja.

No obstante ha establecido una "nítida separación" entre Blesa, Rato e Ildefonso Sánchez Barcoj --a quienes considera responsables del ilícito penal de apropiación indebida y administración desleal-- del resto de beneficiarios de las visas a los que les atribuye únicamente delito de apropiación indebida solicitando una pena de prisión que puede modificarse en función de las circunstancias concurrentes, como es la atenuante de reparación del daño.

Herzog también ha hecho referencia a las diferentes versiones prestadas ante el tribunal que preside Ángela Murillo por parte de los acusados cuando fueron sometidos a las preguntas de las partes. Aunque a Bankia las posturas le parecen coherentes debido a que son 65 encausados, para Herzog las contradicciones son lógicas porque se estaban inventando lo que decían.

DIFERENTES TEORÍAS En concreto ha enumerado teorías de los que entendían las tarjetas como complemento salarial, las que defendían que era un instrumento para compensar el esfuerzo y dedicación a la caja, otras que eran entendidas como gastos de representación y también las "teorías mixtas", algo a su juicio "absurdo" porque vendría a suponer que el que más trabajaba menos ganaba. "Todo muy lógico", ha ironizado el letrado.

Herzog también se ha referido al "intento" por parte de los procesados de desacreditar al máximo cargo de la caja extinta entre 1988 y 1996 Jaime Terceiro. Al respecto ha expuesto ante las partes que en su época no existieron tarjetas de libre disposición ni una cuenta de quebrantos en la que se anotaban los movimientos, vigente desde 1999.

También en calidad de acusación popular el letrado de la Confederación General del Trabajo (CGT), Raúl Maíllo, ha solicitado condena para los 65 exaltos cargos y directivos que cargaron a sus plásticos un total de 12,5 millones de euros entre 2003 y 2012 en concepto de gastos personales.

La presidenta del tribunal de la Sección Cuarta de la Sala de Lo Penal, Ángela Murillo, ha suspendido la décimo séptima sesión del juicio que se reanudará el próximo viernes con la exposición de conclusiones de las defensas de los procesados, entre los que se encuentran una nutrida representación de políticos y líderes sindicales y de la patronal.