Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, analizar y personalizar tu navegación, mostrar publicidad y facilitarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si sigues navegando por nuestra web, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información aquí.

Siete CC.AA. no han aprobado aún sus decretos de ESO y Bachillerato

Siete comunidades autónomas --Andalucía, Asturias, Canarias, Cataluña, Murcia, Navarra y País Vasco-- no han aprobado todavía sus decretos autonómicos de desarrollo de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) de ESO y Bachillerato a tres meses del inicio del curso escolar 2015-2016.

De acuerdo con el calendario de la nueva ley educativa, aprobada en diciembre de 2013, ésta continúa su implantación el curso que viene en 2º, 4º y 6º de Primaria, 1º y 3º de la ESO y 1º de Bachillerato.
Fuentes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte han indicado a Europa Press que a pesar de que falten tres meses para el nuevo curso, estas comunidades tienen tiempo "suficiente" para desarrollar sus propios decretos. No obstante, han recordado que cuentan con los elaborados por el departamento de Educación para Ceuta y Melilla como guía.
La Xunta de Galicia ha recordado que aprobó el pasado jueves, en la reunión semanal del Consello, el decreto por el que se adaptan los currículos de ESO y Bachillerato a la Ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (Lomce). Al respecto, el presidente de la Xunta destacó que supone el "refuerzo" de la asignatura de Matemáticas, del plurilingüismo y de la autonomía de los centros.
El curso pasado, la ley comenzó a implantarse en 1º, 3º y 5º de Primaria y casi un año más tarde País Vasco y Cataluña no han aprobado su propia normativa de Primaria. Ante esta situación, el ministerio ha presentado dos requerimientos de inacción a estas administraciones por no haber dado luz verde a sus decretos.
Según las mismas fuentes, de momento estas comunidades no han emitido una respuesta al requerimiento y recuerdan que en el caso de que no sea sustanciado, el Ministerio de Educación abrirá un proceso contencioso-administrativo, de manera que será un juez el que diga si la cuestión requerida es competencia de normativa básica (del Estado) o de la propia autonomía.
PARAR LA LOMCE
Tanto el PSOE como Izquierda Plural, PNV y CiU en el Congreso han solicitado la convocatoria extraordinaria de la Conferencia Sectorial de Educación en julio con el objetivo de que los consejeros del ramo pidan al ministerio que suspenda la implantación de la ley el próximo curso escolar para evitar sus "efectos nocivos" y ante la "falta de tiempo" de las administraciones educativas para aprobar sus decretos.
Con la llegada del nuevo titular de la cartera de educación, Íñigo Méndez de Vigo, responsables autonómicos, portavoces parlamentarios y de organizaciones de padres, alumnos y profesores han intensificado su petición de suspender la LOMCE.
Izquierda Plural ha registrado una proposición no de ley en la Cámara baja para pedir al Gobierno que convoque esta reunión. Según su portavoz, José Luis Centella, "es posible que la 'ley Wert' el próximo curso tenga dificultades en su aplicación" por lo que, a su juicio, "sería una torpeza por parte del PP mantener y no enmendar la situación claramente respondida por las comunidades autónomas y la comunidad escolar".
El senador socialista Vicente Álvarez Areces alertó la semana pasada, en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Senado, de la "falta de tiempo" de administraciones, centros educativos y docentes para poner en marcha el nuevo currículo de Secundaria el curso que viene.
JERARQUÍA NORMATIVA
El exministro, José Ignacio Wert, explicó que esto no se puede decidir en una Conferencia Sectorial, sino a través de otra ley del mismo rango, que tiene que ser aprobada por el Parlamento, pues el calendario de aplicación está integrado en la propia LOMCE.
Al día siguiente, en el Pleno del Congreso Wert insistió que "en virtud de los principios de la legalidad y jerarquía normativa", el Gobierno no puede paralizar la ley "ni ahora ni nunca".