Bruselas propone reforzar los poderes de las autoridades nacionales de competencia

La propuesta de directiva, una vez adoptada, dotaría a las autoridades nacionales de competencia de los países del club europeo, de unos instrumentos mínimos comunes y unos poderes "efectivos" para cumplir con su cometido, ha destacado Bruselas en un comunicado.

Según datos del Ejecutivo comunitario, el 85% de las más de 1.000 decisiones en materia de competencia adoptadas en la Unión Europea entre 2004 y 2014 fueron tomadas por las autoridades nacionales.

La comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, ha destacado en la rueda de prensa en la que ha presentado la propuesta que es "vital" que organismos nacionales de competencia tengan "todos los poderes que necesitan" para hacer su trabajo "de la forma más efectiva posible".

"La propuesta no va sobre crear nuevas leyes de competencia, va sobre mejorar el cumplimiento de las normas actuales por los Estados miembros en asociación con la Comisión. Va sobre establecer unas garantías mínimas y estándares para fortalecer a las autoridades nacionales de forman que alcancen todo su potencial", ha explicado.

En concreto, las normas propuestas por Bruselas buscan garantizar la independencia de las autoridades nacionales para aplicar las normas de competencia europeas y para trabajar de forma imparcial "sin tener que seguir instrucciones de entidades públicas o privadas".

De la misma forma, Bruselas pretende que estos organismos nacionales tengan los recursos financieros y humanos necesarios, así como que competencias para recolectar todas las pruebas relevantes, como el derecho para registrar teléfonos móviles, ordenadores portátiles o 'tablets'.

También quiere asegurar que las autoridades nacionales tengan las herramientas adecuadas para imponer multas "proporcionadas y disuasorias", por lo que la propuesta incluye normas sobre la responsabilidad de las empresas matrices de forma que las compañías no puedan evitar sanciones a través de reestructuraciones corporativas.

En la misma línea, las nuevas normas permitirían a los organismos nacionales ejecutar el pago de multas contra empresas que no tengan presencia legal en el territorio del Estado miembro, así como "programas de clemencia" para impulsar a las compañías a informar sobre su participación en cárteles.

El Parlamento Europeo y el Consejo de la UE, la institución que representa a los Estados miembros, deben ahora iniciar negociaciones sobre esta propuesta de Bruselas.