Benjumea dijo a la banca que acataría su destitución al frente de Abengoa, según el exCEO Santiago Seage

Seage, que sustituyó a Manuel Sánchez Ortega como consejero delegado, ha declarado en calidad de testigo en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional contra la excúpula de la multinacional andaluza, que en septiembre de 2015 en el marco de la negociación bancaria, Benjumea quiso convencer "a todo el mundo" de que era la persona adecuada para seguir dirigiendo Abengoa.

No obstante, como en días posteriores las condiciones sujetas al aseguramiento de la operación no variaron, el exdirectivo acabó comunicando que tendrían que cesarle como presidente y así consta en las actas del Consejo de Administración que incluye la aceptación por unanimidad de su dimisión como consejero.

Según el testigo, desde el Consejo se les comunicó que el Banco Santander estaba poniendo "una condición" nueva para cerrar la operación y era la salida del presidente. Esto provocó que la firma se retrasara unos días y que en este 'impasse' muchas líneas de crédito pendientes con otras entidades financieras acabaron perdiéndose.

Esta decisión afectó al banco HSBC --también implicado en la operativa-- que expresó su malestar de que un acuerdo "tan importante" sufriera variaciones en el último momento", según ha dicho el exdirectivo que ha precisado que su labor en Abengoa fue "rearmar" la operación para poder firmar la ampliación de 650 millones de euros.

ENTRE TRES Y CINCO AÑOS DE CÁRCEL

El fiscal del caso, José Perals acusa a Benjumea y a Sánchez Ortega de aparentar su marcha de la sociedad "como si fuera una condición impuesta por los bancos y de obligado cumplimiento" cobrando unas indemnizaciones (en el caso de Benjumea de cerca de 11,5 millones de euros y de 4,5 en el de Sánchez Ortega) a las que no tenían derecho y que no se correspondían con la realidad de los hechos.

También ejerce acusación contra otros tres miembros de la Comisión de Nombramientos que avalaron sus respectivas renuncias. Para todos ellos pide penas que van de los tres años y medio a los cinco de cárcel por delito de administración desleal.

-. Firma: GEHU/PAU .-