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BdE informa al juez de que la fusión de las siete cajas que dio origen a Bankia fue aprobada por unanimidad

Un total de ocho personas, entre ellos Fernández Ordóñez, asistió a la comisión del BdE, según el escrito remitido al magistrado Andreu
El Banco de España aprobó por unanimidad en la Comisión Ejecutiva de diciembre de 2010 la fusión entre las siete cajas de ahorro que dieron lugar a BFA-Bankia, según consta en la documentación remitida por el supervisor al magistrado de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, que instruye el 'caso Bankia'.
Según este escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el acta de la Comisión Ejecutiva del BdE refleja que asistieron un total de ocho altos cargos, entre ellos el entonces gobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez, a la reunión en la que se autorizaron los ajustes contables en la fusión y que permitieron, según las acusaciones, no reflejar en la cuenta de resultados las pérdidas de las cajas.
El pasado 13 de enero, el magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 4 solicitó al supervisor que aportara la totalidad de la documentación relativa al acta de la reunión que tuvo lugar el 29 de diciembre de 2010 así como el informe jurídico de la misma, amparándose en la petición de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) que ejerce la acusación popular y que advirtió de que no se había entregado toda la documentación.
El Banco de España alega en este nuevo escrito que al haberse utilizado el formato habitual para las certificaciones, no se hizo referencia a la identidad de los asistentes ni al sentido de su voto en la anterior documentación aportada y añade que esta certificación constituye una "transcripción literal e íntegra" del acuerdo reflejado en el acta de dicha sesión.
Además de Fernández Ordóñez, asistieron a la reunión los otros tres miembros de la Comisión Ejecutiva (el exsubgonerador Javier Aríztegui, y los consejeros ejecutivos Ángel Luis López Roa y Vicente Salas), los entonces directores generales de Operaciones, Mercados y Sistemas de Pago y de Servicios y de Supervisión, Javier Alonso, Pilar Trueba y Jerónimo Martínez, respectivamente, así como el entonces secretario general José Antonio Alepuz.
RESPETO A LA NORMATIVA
La CIC denunció que la información relativa al acuerdo de fusión de las cajas puso de manifiesto la "intención de registrar en sus estados financieros individuales, contra reserva, ajustes equivalentes a las diferencias de valor entre el recogido en sus libros y el registrado en los estados consolidados", por lo que así se evitaría que en las cuentas de resultados de cada caja afloraran las pérdidas previas a la fusión.
Sin embargo el organismo supervisor expuso, según fuentes jurídicas, que el proceso seguido por las siete cajas de ahorros se ajustó a lo establecido en la normativa y por tanto se aplicaron "rigurosamente" los procedimientos internos. Además dio la autorización a la formación del SIP (Sistema Institucional de Protección) previa solicitud de que las cajas realizaran los mismos ajustes que su matriz en sus cuentas consolidadas.
Las siete cajas (Caja Madrid, Bancaja, La Caja de Canarias, Caja de Ávila, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja) solicitaron por escrito en el año 2010 autorización a la Dirección General de Regulación de Banco de España para poder aplicar en sus cuentas anuales individuales de ese año el mismo criterio que aplicó el Grupo BFA en sus cuentas consolidadas, es decir, registrar sus activos y pasivos a valor razonable y cargar los ajustes realizados a reservas.