Barcelona formaliza la multa a Airbnb de 600.000 euros por ofertar pisos ilegales

Junto al concejal de Turismo, Agustí Colom, Sanz ha insistido en que abrirán inmediatamente este segundo expediente de 600.000 euros por reincidencia si Airbnb no manifiesta su voluntad de cumplir con la legalidad y da "pruebas suficientes de que está cumpliendo con esta ley, que es lo mínimo que debe hacer todo el mundo que opera en la ciudad".

El Gobierno de Ada Colau planteará a la Generalitat que la ley permita multas más elevadas que las de estos 600.000 euros por reincidencia: "Iremos hasta el final para desarrollar nuestras competencias, y para intentar fortalecer la legislación y hacerla más contundente", ha garantizado Sanz, que ha recordado que en la ciudad hay entre 6.000 y 8.000 pisos turísticos ilegales.

Además, ha asegurado que un exdirectivo de Airbnb ofreció un piso en el que estaba como inquilino como alojamiento turístico en la plataforma cuando trabajaba en ella --estuvo cuatro años en dos cargos--, caso que ha tachado de "muy grave, alarmante", inaceptable e injustificable.

"Conocía, estoy segura, la ley y todo este trabajo que estamos realizando desde el primer día. Es una estafa claramente a la ciudad", ha aseverado Sanz, que ha dicho que el caso demuestra que la plataforma ha traspasado todos los límites posibles creyendo que actúa con impunidad, por lo que ha exigido una explicación, que reclamará en un encuentro próximo.

Ha detallado que el piso, ya retirado de la plataforma, estaba ubicado en Ciutat Vella, "una de las zonas de máxima presión de la ciudad y que se debe proteger", y ha señalado que todavía está abierto el expediente del caso, que se detectó al multar a la propietaria y al explicar éste que tenía la vivienda alquilada.

"COBERTURA A POSIBLES REDES"

Preguntada por los medios, Sanz ha dicho sospechar que Airbnb "da cobertura a posibles redes" organizadas de alquiler de pisos turísticos ilegales porque, al no poner ningún tipo de filtro a los anuncios de los pisos, son cómplices de estas prácticas, según la teniente de alcalde.

"Esto no es una guerra de Barcelona con Airbnb, sino que Airbnb no quiere cumplir con la legislación de Barcelona", y el Ayuntamiento trata de garantizar su cumplimiento como en cualquier otra actividad, según Sanz, que ha insistido en que explorarán todas las vías necesarias para que se respete la normativa.

No se trata "de buscar atajos ni negociar nada, sino que se trata de cumplir la ley", ha aseverado Sanz, quien ha dicho que ya basta de que plataformas actúen con impunidad y pensando que no deben cumplir la legalidad, y ha avisado de que no hay excusas para no respetarla.

Colom ha recordado que el Ayuntamiento trabaja con otras grandes plataformas, que se han comprometido a no publicitar pisos sin número de registro, y ha criticado que los ilegales perjudican la imagen de Barcelona porque no garantizan la calidad ni la seguridad a los turistas, ya que "el cierre de pisos puede llevarlos a situaciones en que sus reservas queden interrumpidas".

Ha asegurado que estos pisos ilegales se han reducido "de forma drástica" de las plataformas que trabajan con el Ayuntamiento, y ha aseverado que Airbnb deberá cumplir con la normativa tarde o temprano y que su reputación está dañada: "Airbnb puede pasar de ser el problema a ser parte de la solución, como lo han sido el resto de plataformas".

PISOS REALQUILADOS: 316

El Ayuntamiento ha detectado 316 pisos realquilados por los inquilinos como pisos turísticos --entre un 10% y un 15% de los que han recibido una orden de cese--, práctica que implica un "doble fraude", porque en la mayoría de casos se incumple el contrato de alquiler y porque ofrece el piso como turístico cuando no tiene el permiso.

Sanz ha concretado que, desde que la pasada semana la propietaria de un piso lo reocupó alquilándolo por Airbnb porque su inquilino lo ofrecía como piso turístico sin permiso, el Ayuntamiento ha recibido unas tres o cuatro quejas de afectados por el mismo inquilino.

Ha explicado que el refuerzo del cuerpo de inspectores y visualizadores han permitido abrir unos 6.000 expedientes vinculados a pisos turísticos, que han derivado en 3.000 expedientes sancionadores con 2.200 órdenes de cese, de los que se han efectuado 600, que se suman a 127 precintos definitivos.