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Barcelona pide al Govern reconsiderar su postura ante los 5 encausados por un desahucio de 2011

El teniente de alcalde de Derechos de Ciudadanía del Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Asens, ha vuelto a reclamar este viernes al Govern que reconsidere su posición respecto al juicio contra cinco encausados por un desahucio en el barrio del Clot en 2011, que se celebrará los próximos 14 y 15 de diciembre y en el que la Generalitat pide penas de prisión de hasta cinco años y tres meses, que Asens considera "muy desproporcionado".
Según ha asegurado Asens ante los medios después de recibir a la familia en el Consistorio junto con miembros de los grupos municipales de la CUP y ERC, se trata de un caso simbólico porque sería el primero en todo el Estado en el que "las víctimas de esta situación de injusticia acabarían en prisión".
Para Asens, que se ha mostrado alarmado por el caso, la familia se encuentra ante una situación de "doble injusticia en la que llueve sobre mojado", ya que al desahucio se añade tener que encarar un juicio, ha indicado.
Por este motivo, el gobierno municipal ha anunciado que presentará una proposición en la próxima comisión de Presidencia para mostrar su apoyo a los encausados, al considerar que su actuación se enmarca "en el ejercicio del derecho a protesta para reivindicar el derecho a una vivienda digna".
Además, la declaración señala que no existía una alternativa habitacional a la hora de ejecutar el desahucio y que los Mossos d'Esquadra actuaron de forma "desproporcionada en el uso de la fuerza".
Por su parte, la familia ha querido agradecer el apoyo que han recibido por parte de los vecinos del barrio de Sant Martí --en especial de los tres activistas encausados-- y del instituto en el que estudiaban sus hijos, y han criticado que la Generalitat "nunca ha contactado" con ellos.
El desahucio se produjo el 25 de julio de 2011 después de que se hubiese convocado y suspendido en reiteradas ocasiones, y a su convocatoria acudieron unos 80 vecinos, lo que generó un clima de tensión en el momento en el que la policía y el secretario judicial tomaron la decisión de llevarlo a cabo.