Ayuntamiento Madrid alega la suspensión del acto pro 1-O por vulneración de libertad ideológica y derecho de reunión

También entienden que "atenta contra el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones, derecho que no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa", y vulnera los derechos fundamentales de reunión y asociación.

Además "conculca el derecho a la tutela judicial efectiva", "vulnera el derecho constitucional a la autonomía de los municipios en la gestión de sus intereses", "ignora el derecho a la igualdad" y "desconoce la obligación que corresponde a los poderes públicos de facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social".

En las mismas alegaciones se argumenta que el juzgado "considera erróneamente" que el acto para cuya celebración se ha cedido el bien municipal debe estar afectado por las providencias dictadas por el Tribunal Constitucional el pasado 7 de septiembre, lo que lleva a apuntar al Ayuntamiento a través de sus servicios jurídicos que este órgano no ha limitado ninguno de los derechos fundamentales (libertad ideológica; expresión y difusión libre de pensamientos, ideas y opiniones; derecho de reunión; derecho de asociación), que " permanecen incólumes y no restringidos".

PETICIÓN EN JULIO

En el momento en que se solicita al Ayuntamiento la cesión de uso del local, el pasado 12 de julio, y también en la fecha en que se concede la autorización municipal, el 6 de septiembre, "todavía no se habían publicado las leyes y decretos autonómicos posteriormente suspendidos por el Tribunal Constitucional", por lo que se considera "desacertado considerar, como hace el juzgado, que se trate de un acto de apoyo a una consulta convocada por una Ley que ha sido suspendida en su eficacia por el Tribunal Constitucional".

Y "aunque lo fuere e incluso en el supuesto de que tal ley hubiese sido declarada inconstitucional, lo que no ha ocurrido todavía, el hecho de que haya una sentencia declarando inconstitucional una Ley o ilegal un acto o una conducta no puede impedir a los ciudadanos tener opinión y expresarla libremente sobre dicha sentencia, ni sobre la ley que anula, ni sobre las conductas que se declaran ilegales".

En un escrito de 34 páginas, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ayuntamiento pide al juez el levantamiento de la suspensión cautelar tras el recurso presentado por el Grupo Municipal Popular, a quien los servicios jurídicos municipales ven falto de "legitimación activa" ante lo contencioso-administrativo por entender que los grupos municipales "no tienen personalidad jurídica y, en consecuencia, carecen de legitimación activa en estos casos".

"SOSPECHAS Y JUICIOS DE VALOR"

Las alegaciones argumentan que el juzgado contencioso-administrativo número 3 de Madrid "no ha valorado circunstanciadamente todos los intereses en conflicto" y se ha adoptado un auto firmado por el juez José Yusty Bastarreche "con fundamento en presupuestos no demostrados y teniendo por ciertos únicamente sospechas y juicios de valor".

En esta línea llegan a apuntar que la resolución del juez es "incongruente" dado que "adopta una medida cautelar distinta a la que le han solicitado y la dirige frente a un tercero (La Comuna) que no solo no ha sido oído, sino que ni siquiera es parte en el procedimiento".

En cuanto al decreto de cesión firmado por la concejala-presidenta de Arganzuela, Rommy Arce, el Ayuntamiento defiende que es legal y ajustado a derecho. Las alegaciones explican que el acto propuesto por La Comuna consistía en la intervención de varias personas, la lectura de algún poema, la proyección de un y la posible interpretación una canción.

La asociación, constituida en el año 2011, tiene por objeto dar testimonio de la represión que se produjo durante la dictadura franquista. Esta asociación no ha sido ilegalizada y, por tanto, sus fines "no pueden ser objeto de reproche con base en meras sospechas y ninguna prueba de realización de actividades contrarias a la ley o la Constitución".

Los servicios municipales defienden en el escrito el "derecho constitucional a la autonomía del Ayuntamiento de Madrid para la gestión de sus intereses públicos con arreglo a la legalidad vigente", en este caso, la cesión de un espacio de titularidad municipal y el derecho fundamental a la libertad de expresión de terceros.