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El Ayuntamiento de Colmenar, con apoyo del PP, se personará como acusación particular en el caso

El Ayuntamiento de Colmenar Viejo, gobernado por mayoría simple por el PP, se personará como acusación particular en las diligencias previas número 91/2016 que se siguen ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional en relación con la operación Lezo y la gestión del Canal de Isabel II, ha informado el Consistorio este viernes en una nota de prensa.
Es uno de los acuerdos alcanzados ayer en el Pleno Municipal del mes de abril y con el que el Partido Popular de Colmenar Viejo señaló "su total rechazo y vergüenza por el caso de corrupción que ha destapado la Operación Lezo en torno al Canal de Isabel II".
"Condenamos rotundamente los presuntos hechos delictivos en la gestión del Canal por la anterior dirección y sólo queremos que la Justicia actúe cuanto antes y con contundencia para que si alguien ha utilizado esta empresa pública para el beneficio personal y no de todos los madrileños pague por ello", ha manifestado el alcalde de Colmenar Viejo y secretario General del PP de la localidad, Jorge García Díaz.
Del mismo modo, el grupo municipal del PP apoyó solicitar la convocatoria de la Junta General de Accionistas del Canal de Isabel II Gestión para que su Consejo de Administración informe a los accionistas de la situación financiera y jurídica de esta sociedad pública.
El Ayuntamiento de Colmenar Viejo es accionista del Canal de Isabel II Gestión desde 2012, como lo son más de un centenar de municipios de nuestra región.
En el Pleno Municipal celebrado ayer en el Ayuntamiento se aprobó también instar a la Comunidad de Madrid a que anule las resoluciones con las que decidió la privatización del Canal de Isabel II.
Sobre este punto, el PP de Colmenar Viejo se opuso porque señaló que el Gobierno de Cristina Cifuentes "mantiene un firme compromiso de no privatizar la gestión del agua en Madrid". "La presidenta está totalmente comprometida a no privatizar esta empresa pública y decir lo contrario es mentir, de hecho, este compromiso figura en el Plan de Gobierno publicado en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid", ha explicado Jorge García Díaz.
El alcalde colmenareño recordó que Cifuentes ha expresado en numerosas ocasiones que el Gobierno regional no tiene ninguna intención de privatizar el Canal, "y no sólo de palabra porque "el mantenimiento de la titularidad pública del 100% del Canal de Isabel II es uno de los puntos incluidos en el acuerdo de legislatura firmado con el partido Ciudadanos (en concreto el punto 42)".
Para Jorge García Díaz, votar a favor de este punto "significaría poner en duda el compromiso de la Presidenta de la Comunidad de Madrid que es inequívoco".
El grupo municipal del PP tampoco votó a favor de promover junto a la Federación Madrileña de Municipios, el Gobierno Regional y los Grupos Parlamentarios de la Asamblea de Madrid un debate sobre el futuro modelo de gestión pública del Canal de Isabel II.
En este sentido, el Alcalde ha recordado que el Canal de Isabel II Gestión está participado en un 82,4 por ciento por el ente público Canal de Isabel II, un 10 por ciento por el Ayuntamiento de Madrid y el 7,6 pro ciento por 110 municipios de la región presentes en el accionariado.
"Lo que se quiere con este punto es abrir un debate que está cerrado. Ese debate sólo sería un instrumento de intoxicación que haría llegar a los madrileños una posición poco clara en lo que estamos todos de acuerdo", ha recalcado el alcalde.
Por último, el grupo municipal popular también votó en contra de crear una Comisión de investigación que revise la legalidad de los convenios suscritos por el anterior Gobierno del PP con el Canal de Isabel II y la Comunidad de Madrid así como el posible daño causado a los intereses municipales.
Tal y como explicó Jorge García Díaz, la mayoría de los grupos municipales representados en el Ayuntamiento de Colmenar Viejo tienen representación en la Comunidad de Madrid, donde existen una comisión de la Deuda y una comisión de investigación sobre corrupción política que llevan operativas casi dos años y que finalizarán, previsiblemente, hasta que acabe la legislatura.
"En esas comisiones, los grupos municipales a través de sus representantes en la Asamblea pueden solicitar toda la información, aclaración, comparecencias y revisión de la legalidad de lo que estimen oportuno. Crear otra Comisión de investigación paralela, con los mismos actores y mismas competencias, no sería sino la búsqueda de una repercusión mediática, más que la clarificación de las potenciales irregularidades", ha aseverado el primer edil colmenareño.