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Ausbanc pide al juez Pedraz que paralice el concurso de la asociación para que pueda hacer frente a las condenas

El abogado Alfredo Martínez Muriel, que fue delegado provincial de la asociación de usuarios de banca Ausbanc -cuyo presidente Luis Pineda se encuentra en prisión preventiva por presuntos delitos de extorsión-, ha solicitado al juez del caso Santiago Pedraz que paralice el proceso concursal en el que se encuentra esta entidad para evitar que su liquidación impida a sus responsables poder hacer frente a sus responsabilidades civiles en caso de ser condenados.
En un escrito remitido al titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, al que ha tenido acceso Europa Press, Martínez Muriel recuerda que la paralizacion los procedimientos de liquidación y extinción de las sociedades investigadas en esta causa tendrían como objetivo "velar por la integridad del patrimonio de las mismas".
Mantiene este abogado la existencia de un conflicto conflicto jurisdiccional entre la causa penal en trámite y la jurisdicción mercantil sobre el mismo objeto que debe ser resuelto por el juez de la Audiencia Nacional.
Añade que estas sociedades -- la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios Ausbanc España y la Asociacón de Usuarios de Servicios Financieros Ausbanc España- forman parte del entramado societario orquestadeo por Pineda para la perpetración de ilícitos penales que están siendo investigados en la Audiencia y que la continuación de los procesos concursales hoy en trámite "contravendría el propio sentido de la causa penal, privando a las investigadas de su contenido patrimonial para satisfacer los créditos de quienes son sus acreedores, y no la responsabilidad civil derivada del delito en que hubieren incurrido".
La investigación de Pedraz, en coincidencia con la Fiscalía y conla asociación de consumidores Facua, personada como acusación popular en este procedimiento, ha señalado la existencia de indicios de que Pineda y Miguel Bernad --secretario general de Manos Limpias ya en libertad-- conformaron la trama de extorsión a entidades bancarias y empresas a cambio de no iniciar acciones legales contra ellas en los tribunales.