Andreu impone fianzas de 4,3 millones a los 21 exconsejeros que usaron las 'tarjetas black'

En un auto, notificado este viernes, el magistrado da un plazo de tres días para pagar las fianzas, que oscilan entre los 11.000 euros y los 610.000 euros señalada para el exconsejero de la caja propuesto por IU José Antonio Moral Santín, con el fin de cubrir las responsabilidades civiles que puedan derivarse de la causa en la que se investigan los gastos por valor de 15,5 millones de euros cargados a las 'tarjetas B'.

El juez advierte de que, de no depositar dichas fianzas, se procederá al embargo de los bienes de los imputados y considera evidente que no se trataba de "ningún tipo de retribución o complemento retributivo pues hacerlo con unas tarjetas de forma discrecional escapa a las normas del sentido común y de la lógica empresarial". En este sentido, alude a la inexistencia de justificantes, preceptos estatutarios o disposiciones contractuales que permitan la "atribución de estos fondos al marco retributivo de los consejeros".

Andreu considera que esta "práctica irregular" causó un "perjuicio" a la entidad y que "no es de recibo que los consejeros manifiesten que nadie les llamó la atención" por su uso en provecho propio. En su opinión, deberían haber sido ellos mismos quienes se encargaran de eliminar esta práctica por el bien de la caja pues esta supervisión y control estaba entre sus atribuciones.

"La simple condición de consejero y la aceptación de dicha responsabilidad presupone el conocimiento de que no se puede entender como aceptable la entrega de una tarjeta para su uso discrecional y sin necesidad de justificar las necesidades del gasto", explica el juez.

En este sentido, recalca que la llegada de Miguel Blesa a la presidencia de Caja Madrid hizo aumentar "el límite cuantitativo" de las tarjetas y desaparecer "por completo" el "control cualitativo", al tiempo que los movimientos de fines de semana o festivos en ningún caso pueden corresponder a gastos de representación.

PARTIDOS, PATRONALES Y SINDICATOS

Además de Moral Santín, el magistrado impone las fianzas más altas al sindicalista de CCOO Francisco Baquero (356.000 euros), al exsecretario de Estado de Hacienda Estanislao Rodríguez Ponga, del PP (341.000 euros), al exsecretario de Organización del PSM Antonio Romero (337.000), al exsecretario general del PP de Madrid Ricardo Romero de Tejada (283.000) y al exconcejal socialista José María de la Riva (279.000).

También establece cauciones para el exdiputado socialista Ramón Espinar (238.000), la exvocal a propuesta del PP Carmen Cafranga (234.000), el representante de la Confederación de Cuadros Ignacio de Navasqües (210.000), el representante de CCOO Rodolfo Benito (188.000), el exconsejero 'popular' Alberto Recarte (187.000), el exalcalde de Móstoles por el PSOE José María Arteta (186.000), el expresidente de la Asamblea de Madrid Jesús Pedroche, del PP (172.000) y la exvocal Mercedes Rojo, de esta misma formación política (160.000).

Completan la relación el exdiputado del PSOE Jorge Gómez (131.000 euros de fianza), el expresidente de la patronal CEOE Gerardo Díaz Ferrán (126.000), el sindicalista de CCOO Pedro Bedia (105.000), el miembro de la Junta Directiva del Real Madrid y exvocal del PP Luis Blasco Bosqued (69.000), la exconsejera socialiasta María Enedina Álvarez Gayol (63.000), el exsecretario general de UGT-Madrid José Ricardo Martínez (59.000) y el exministro socialista Virgilio Zapatero (11.000).

El magistrado rechaza establecer fianzas para otros seis exconsejeros que alegaron en su declaración que habían devuelto los importes gastados. Se trata del exsecretario de Estado de Comercio José Manuel Fernández Norniella (175.400 euros), el integrante de UGT Gonzalo Martín Pascual (129.700), el integrante de Unipyme Guillermo Marcos (133.600), el sindicalista de CCOO Juan José Azcona (99.300), el expresidente de la patronal madrileña CEIM Arturo Fernández (37.300) y Javier López Madrid, de la patronal CEIM (34.800).

CON TERCEIRO ERAN GASTOS DE REPRESENTACIÓN

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 se remonta a la reunión del Consejo de Administración de Caja Madrid celebrada el 30 de octubre de 1995, cuando el entonces presidente Jaime Terceiro informó de la entrega de los plásticos a los consejeros y miembros de la Comisión de Control "única y exclusivamente" para gastos de representación, inherentes a las labores propias de su cargo.

El predecesor de Miguel Blesa y presidente desde 1988 hasta 1996 explicó los controles cuantitativos y cualitativos de las 'visa', que tenían un tope de 600 euros que los consejeros nunca llegaron a sobrepasar. "El filtro cualitativo lo realizaba el secretario general, a quien se le debían presentar los justificantes de los gastos. Unos filtros que cambiaron con el nombramiento de Miguel Blesa", explica el juez.

Con todo, Andreu pone de relieve que los consejeros "debieron haber sabido, pudieron haber sabido y hubieran tenido la obligación de saber para qué y cómo debían hacer uso de los fondos que, a través de las mencionadas tarjetas de crédito, se les entregaban".

Califica la declaración del ex consejero delegado de Bankia Francisco Verdu de "contundente" para concluir que los consejeros "debieron y pudieron conocer que el uso tal y como se llevó a cabo de las citadas tarjetas podía menoscabar los fondos de la entidad, de forma que pudieron y debieron haber puesto de manifiesto esta práctica a fin de evitar la misma".

El juez tipifica estas conductas como un delito continuado de administración desleal, que sanciona a los administradores de cualquier sociedad que realicen una serie de conductas causantes de perjuicios, con abuso de las funciones propias de su cargo. Incluye como alternativa la calificación como apropiación indebida, teniendo en cuenta que conocían, o debían conocer, que el uso de la tarjeta solo podía estar destinado a gastos derivados de su función.