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La Audiencia de Zaragoza comunica este jueves el fallo del caso La Muela

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Zaragoza, que preside el magistrado Francisco Javier Cantero, comunicará este jueves, el fallo del caso La Muela, después de que el pasado 31 de marzo concluyera la vista oral de un juicio en el que la principal acusada, la exalcaldesa de esta localidad zaragozana se enfrenta a una petición de penas de 35 años de prisión y 165 de inhabilitación, así como varias multas por importe de 26,6 millones de euros.
La fiscal, María Victoria Esponera, ha achacado a Pinilla --a quien defiende el letrado zaragozano Santiago Palazón después de renunciar a José Antonio Visús-- la comisión de 24 delitos de cohecho, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios, tráfico de influencias, prevaricación, fraude, malversación, blanqueo de capitales y exacciones ilegales. En total hay 36 acusados, entre otros Juan Antonio Embarba, exmarido de Pinilla, y el empresario Carmelo Aured.
Esponera pidió 13 años de prisión para Aured, 3 para Juan Antonio Embarba, 7 años y 10 meses para el empresario Julián de Miguel, 13 para el administrador de la empresa NTA, Antonio Fando, 4 años de cárcel y 17 de inhabilitación, así como medio millón en multas para el arquitecto municipal, Francisco Núñez, y 5 años de inhabilitación y 440.000 euros en multas para el secretario municipal, Luis Ruiz.
El sumario ocupa más de 85.000 folios y la sentencia 300, de los que 50 corresponden al fallo. Además del Ministerio Fiscal, se han personado como acusación el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de La Muela y la Agencia Tributaria. La Fiscalía alcanzó un acuerdo con varios acusados, acordando una reducción de penas en algunos casos y exonerando a otros, aunque inicialmente había 45 imputados.
La causa judicial comenzó en 2009, cuando el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), Alfredo Lajusticia, dirigió la denominada 'Operación Molinos', que llevaron a cabo la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía y la Jefatura Superior de Aragón.
La Policía investigó una trama de corrupción urbanística que tenía su epicentro en el Ayuntamiento de La Muela, que presidió María Victoria Pinilla durante 24 años, y en la que estarían implicadas decenas de personas. La Policía realizó numerosos registros en viviendas y locales a partir del 19 de marzo de 2009, deteniendo a más de 40 personas en una operación que tuvo relevancia mediática nacional.
Pinilla ingresó en la prisión zaragozana de Zuera, donde permaneció durante cuatro meses tras la actuación de su entonces abogado, Javier Notivoli. Pagó una fianza de 800.000 euros. También pasaron por Zuera el exconcejal Juan Carlos Rodrigo Vela y el empresario madrileño José Carlos Rodríguez Delgado
HECHOS
Según el relato de la Fiscalía, la sociedad pública urbanística del Ayuntamiento de La Muela contrató a la empresa ARANADE, propiedad de Julián de Miguel, "sin un procedimiento previo con la debida publicidad" y sin acuerdo previo del Consejo de Administración, y Pinilla "realizó contrataciones por dádivas de Julián de Miguel". Esponera puso de relieve, durante el juicio, "la cantidad ingente de dinero que manejaba" Pinilla.
Entre otras actuaciones que podrían ser constitutivas de delito, la fiscal señaló que hubo un "concierto" entre Julián de Miguel, Carmelo Aured y María Victoria en la venta de un terreno del Ayuntamiento a ARANADE.
También atribuyó a Pinilla la venta de dos parcelas de la sociedad urbanística municipal, de suelo consolidado y no consolidado, por debajo de su valor real, ya que la empresa SAGAIN compró este suelo --con la mediación de Aured-- a 150,25 euros el metro cuadrado en noviembre de 2004 --1,7 millones-- y en febrero de 2005 lo revendió por 4,7 millones de euros.
La fiscal mencionó la venta de un solar por 23 millones de euros que, según la sociedad de tasación TINSA, poría alcanzar un precio de 67,2 millones. Carmelo Aured habría mediado obteniendo una comisión de más de dos millones de euros.
En la vista oral, en la que Pinilla solo intervino en el turno de última palabra, antes de que el juicio quedara visto para sentencia, la exalcaldesa afirmó que podía haber cometido "errores humanos" pero que actuó "legalmente", aseverando que "la envidia en este país es la más traicionera y la peor enfermedad que pueda tener persona alguna".
"Nunca pedí nada", aseguró Pinilla en la vista oral, añadiendo: "Nunca he vacilado en llamar por teléfono a la puerta de quien pudiera ayudarme, es una de las obligaciones de un alcalde, ocuparse de sus vecinos, no solamente ponerse la banda en las fiestas del pueblo".
Otros de los acusados, el empresario Antonio Fando proclamó su inocencia, lamentando que su vida ha sido "una auténtica pesadilla" durante los últimos siete años, periodo durante el que se ha sentido juzgado por la opinión pública. Indicó que lleva 19 años trabajando honradamente y que no es "un ladrón ni un corrupto".
El arquitecto, Francisco Núñez, dijo que siempre ha actuado con la voluntad y conciencia de "no hacer actos irresponsables, injustos, de no faltar a la verdad" y el empresario Carmelo Aured agradeció la atención que ha recibido como preso --por otra causa-- en este procedimiento "tan largo".
Uno de los hijos de Pinilla, Jorge Embarba Pinilla, señaló que trabaja desde los 14 años y que ha llegado a un pacto "por salud mental propia", recordando que ha atravesado una etapa de adicción al juego.
RESPONSABILIDAD CIVIL
El Gobierno de Aragón cifró en 398.000 euros la responsabilidad civil de Pinilla por la inejecución de 13 obras públicas de abastecimiento de agua subvencionadas por el Instituto Aragonés del Agua (IAA), señalando que hubo un "cobro indebido" de las subvenciones por un importe superior al que correspondía legalmente, con una sobrefacturación de 148.000 euros. Se falsificó la firma del arquitecto municipal.
La Agencia Tributaria aseguró que el matrimonio Embarba-Pinilla pagó 660.000 euros en negro a la empresa Inmuebles 'El Raso', y que Carmelo Aured defraudó 2,8 millones a Hacienda al no declarar la venta de varias parcelas ni algunos ingresos en efectivo de sus cuentas. La empresa ARANADE, según Hacienda, dejó de declarar 800.000 euros y el administrador, Julián de Miguel, no declaró 485.000 euros por el IRPF, un delito que no ha reconocido.
El letrado del Ayuntamiento de La Muela, Javier Ausejo, aceptó la petición de penas del Ministerio Fiscal, exponiendo que en el Polígono Centrovía se actuó "con la intención de engañar". También expresó que el consistorio ha devuelto parte de los 432.737,61 euros defraudados.