La Audiencia Nacional absuelve al acusado de financiar a las FARC a través de una red de blanqueo

Según concluye en una sentencia la Sección Cuarta de la Sala de Lo Penal, no ha quedado suficientemente acreditado que el acusado de delito de blanqueo de capitales procedentes de narcotráfico se encargara de recoger el dinero de la red para introducirlo en el mercado.

Ramírez, para el que la Fiscalía imponía además una multa de seis millones de euros, alegó durante la vista oral celebrada en su contra el pasado 25 de mayo que el dinero que consiguió era para la manutención de su familia y matizó que sólo conocía al también miembro de la red José Joaquín Marín Guevara porque era su "compradre" y padrino de sus hijos.

Sin embargo el Ministerio Público apuntaba que Camargo Ramírez, de nacionalidad colombiana, contactó en marzo de 2009 con Marín Guevara y se desplazó a su domicilio para "recoger un paquete con una cantidad de dinero indeterminada procedente del tráfico de drogas".

Un mes después viajó a Colombia vía Venezuela, desde donde llamó por teléfono a su mujer, María Ruth Sánchez Díaz --juzgada y absuelta por estos hechos-- para que procediera a efectuar una entrega de dinero en una cantidad indeterminada entre los 1.000 y los 2.000 euros que ella recogió tras establecer "los contactos necesarios" con las personas que le indicó su marido.

Una versión no creíble para el fiscal Daniel Campos, que apuntó durante el juicio que las conversaciones telefónicas que mantuvo con la mujer se percibió que Ramírez le llamaba para "facilitar direcciones, datos" y no para "interesarse" por sus hijas.

El tribunal añade que tampoco se ha podido acreditar que el material incautado en el registro a su domicilio en septiembre de 2010 como mascarillas, bolsas de envasado al vacío, botes de acetona o una balanza de precisión, estuvieran destinadas al tráfico ilícito de droga.

SIETE ORGANIZACIONES DESTINADAS A BLANQUEO

El Ministerio Público apuntó que la red estaba integrada a su vez por siete organizaciones dedicadas al narcotráfico y blanqueo de capitales y liderada por la procesada Jenny Alexandra Fasce Schumacker. Ya han sido juzgados 45 de sus miembros.

La red era de ámbito internacional pero estaba afincada en España y trabajaba con otras organizaciones cuyos miembros actuaban como agentes de transferencias, recogían el dinero procedente de actividades del narcotráfico, realizaban labores de digitalización y facilitaban los traslados de otros miembros.

Los giros mediante los que se hacían las remesas del dinero tenían por norma general como destino Colombia, donde las organizaciones que lavaban el dinero se encargaban de coordinar la recogida del mismo, según reza la sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Juan Francisco Martel.