La Audiencia Nacional estudia este viernes los recursos de Sànchez y Cuixart en los que piden salir de prisión

Los cinco magistrados que conforman la Sección Segunda --María José Rodríguez Dupla, Ángel Hurtado, José Ricardo de Prada, Julio de Diego y Antonio Díaz-- se reunirán a partir de las diez de la mañana para decidir si admiten los recursos de los conocidos como 'los Jordis' y les dejan en libertad, o si, de lo contrario, consideran que deben seguir en prisión provisional.

A esta vista de apelación asistirán, además de los magistrados, un representante de la Fiscalía de la Audiencia Nacional así como los abogados de los investigados para que expongan sus argumentos a favor y en contra del auto de prisión que dictó Lamela el pasado 16 de octubre.

Tanto Sànchez como Cuixart habían solicitado asistir a esta vista de apelación, pero la Sala lo ha rechazado argumentando que nunca se contempla que los investigados estén presentes en este tipo de vistas, tan sólo su representación.

El Ministerio Público ya se ha manifestado en contra de que Sànchez y Cuixart salgan de prisión, ya que asegura que, "a día de hoy" --estando en la prisión de Soto del Real--, continúan "llamando a la movilización social para conseguir de las autoridades catalanas la desconexión forzosa de Catalunya".

CONSCIENTES DE ACTUAR AL MARGEN DE LAS VÍAS LEGALES

En los escritos en los que responden a los recursos de 'los Jordis', los fiscales Miguel Ángel Carballo y Pedro Rubira insisten en los hechos que ya relató la magistrada Lamela para pedir que continúen en prisión por los incidentes ocurridos los días 20 y 21 de septiembre y por los que se les investiga por sedición.

Según Fiscalía, tanto Sànchez como Cuixart eran "conscientes" de que esos días desarrollaron una "actuación al margen de las vías legales impidiendo la aplicación del ordenamiento jurídico en su conjunto y, en particular, de la norma fundamental de todos los españoles, la Constitución".

Los fiscales aseguran que el "llamamiento" que hicieron a la movilización mientras se estaban realizando los registros en sedes de la Generalitat "no era para realizar una concentración o manifestación pacífica, sino impedir que los miembros de la comisión judicial pudieran desarrollar sus funciones en cumplimiento de la ley e impedir el normal ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, e impedir el normal desenvolvimiento de una sociedad democrática que propugna como valor supremo el Estado de Derecho".