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Asociaciones de fiscales piden a Maza que priorice la modernización del Ministerio Fiscal y su independencia

Las principales asociaciones de fiscales han valorado positivamente la propuesta del Ejecutivo de que el magistrado del Tribunal Supremo José Manuel Maza sea el próximo fiscal general del Estado aunque han reconocido que entre los principales retos que afronta en su nueva etapa se encuentran profundizar la autonomía del Ministerio Fiscal y apostar por su modernización.
En declaraciones a Europa Press, el portavoz de la Asociación de Fiscales Emilio Frías, ha señalado que se trata de un jurista de "reconocido prestigio" y ha avanzado que tiene por delante la tarea de modernizar el colectivo, adaptarlo a la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en definitiva adecuarlo a las necesidades actuales.
Frías ha aprovechado para felicitar a su antecesora en el cargo, Consuelo Madrigal, y ha asegurado que se ponen a disposición del magistrado de la Sala de Lo Penal, al igual que ha expuesto Miguel Pallarés, de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) quien ha dicho que José Manuel Maza es un "magnífico profesional" que, dado su dilatada carrera, conoce muy bien la labor de jueces y fiscales.
Además ha considerado que cuando el fiscal general del Estado no es fiscal de carrera se produce una "mayor objetividad" en el desempeño del cargo, en referencia a Maza, que fue portavoz de la Unión Judicial Independiente y que, tras una destacada trayectoria en la Audiencia Provincial, recaló en 2002 en el Tribunal Supremo para cubrir la plaza de Adolfo Prego, que había sido elegido vocal del CGPJ.
Desde APIF consideran que el nuevo fiscal general del Estado deberá trabajar los próximos cuatro años en dos vertientes: por un lado intentando garantizar una "autonomía total" de esta figura y por otro profundizar la independencia del fiscal dentro de la institución.
Para el nombramiento de Maza, que ingresó en la carrera judicial en 1975, se precisará la participación de los tres poderes del Estado, ya que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) deberá aprobar un informe de idoneidad y después comparecerá en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, cuyos miembros podrán valorar así sus méritos.