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Anticorrupción mantiene tres de los cinco delitos a Pedro Antonio Sánchez por el caso 'Auditorio'

Por fraude y prevarización y el Juzgado de Lorca investigará los de malversación y falsedad documental
El fiscal Anticorrupción del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM), Juan Pablo Lozano, ha pedido al magistrado que instruye el caso 'Auditorio', Julián Pérez Templado, que procese al ex presidente de la Comunidad y actual diputado regional, Pedro Antonio Sánchez, por los presuntos delitos de fraude, prevaricación continuada y fraude contra la Administración Pública; con lo que se caen dos delitos de la acusación del Fiscal.
Según el escrito del Fiscal al que ha tenido acceso Europa Press, da por buena la premisa de que "todo el dinero ha sido empleado en la obra", aunque deja que dirima ese extremo el juzgado de Lorca, que tiene una causa abierta sobre este asunto.
En concreto, el fiscal ha presentado este viernes por la mañana ante la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJRM un auto de 95 páginas en el que pide al magistrado que dicte lo que se denomina auto de 'acomodación' y que la causa pase a procedimiento abreviado al encontrar indicios de delito.
A pesar de que el fiscal excluye los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial, alguna de las acusaciones los van a mantener en sus escritos, según ha podido saber Europa Press. De hecho, según fuentes cercanas al caso, el delito de malversación se habría caído porque reconoce que el dinero está en la obra, aunque no se haya acabado.
A principios de la semana que viene, el juez instructor tendrá que decidir si archiva la causa o si, por el contrario, dicta un auto de acomodación dando el traslado a las partes que presenten sus respectivos escritos de acusación.
Cabe recordar que la defensa de Pedro Antonio Sánchez pidió la absolución al considerar que no hay prevaricación si se tiene en cuenta una sentencia del Contencioso-Administrativo que dice que "el concurso se hizo bien y que reconoce que nadie lo recurrió en su momento".
En cuanto a los delitos de fraude, el escrito alude a que la subvención se pidió sin contar con el solar donde se ubicó, aunque la defensa, en su escrito, insiste en que sí se sabia la ubicación.