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El juez Andreu interroga a tres exdirectivos de Caja Madrid que no usaron su 'tarjeta b'

El expresidente de Caja Madrid y actual consejero de Bankinter, Jaime Terceiro,EFE

El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, interroga al exconsejero delegado de Bankia, Francisco Verdú, y a los exconsejeros de Caja Madrid, Íñigo Aldaz y Esteban Tejera, que decidieron no realizar ninguna operación con su 'tarjeta black' opaca al fisco a pesar de tenerla.

El magistrado, que ha interrogado esta semana a los 27 exconsejeros que sí utilizaron sus visas, preguntará a los tres comparecientes por qué no realizaron ningún movimiento con sus tarjetas y si consideraban que su utilización podría ser delictiva. Declararán con la condición de testigos, por lo que no podrán ir acompañados de abogado.
También comparecen en la Audiencia Nacional Jaime Terceiro, que fue presidente de la caja madrileña entre 1988 y 1996 y antecedió en el cargo a Miguel Blesa; así como el director de Auditoría de Bankia, Iñaki Azaola.
Inicialmente también estaba prevista la declaración del exsecretario del Consejo de Administración Enrique de la Torre, al que varios de los imputados atribuyeron la gestión de las 'tarjetas black' durante la etapa de Blesa al frente de la caja (1996-2010). No obstante, el juez dejó su citación en suspenso tras anular su condición procesal de testigo e imputarle por los gastos de 320.742 euros que realizó con su 'visa B'.
RETRIBUCIÓN O REPRESENTACIÓN
Los 27 exconsejeros que han declarado esta semana han defendido que las tarjetas opacas, en las que se cargaron gastos personales por valor de 15,5 millones de euros entre 1999 y 2012, no han coincidido en una única versión sobre la naturaleza de las tarjetas, ya que unos han dicho que era un complemento retributivo que podían destinar a lo que quisieran y otros han defendido que con ella sufragaban sus gastos de representación.
Todos ellos, junto a los expresidentes de Caja Madrid y Bankia, Miguel Blesa y Rodrigo Rato, respectivamente, el exdirector financiero de las dos entidades, Ildefonso Sánchez Barcoj y otros 51 exdirectivos, están imputados en la causa. Se les atribuye un delito de administración leal, que habrían cometido los exconsejeros por autorizar el uso de los plásticos, o bien uno de apropiación indebida, que se podría atribuir a todos los exdirectivos que los utilizaron.