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De Andrés dice que Delegación del Gobierno retiró 30 recursos contra uso del euskera de ayuntamientos en sus textos

Advierte a los ayuntamientos de que las consultas populares deben ser autorizadas por el Gobierno central para su celebración
El nuevo delegado del Gobierno central en el País vasco, Javier De Andrés, ha revelado este lunes que la Delegación retiró alrededor de una treintena de recursos contra el uso sólo del euskera por parte de ayuntamientos vascos en sus comunicaciones cuando todavía estaba en el cargo su predecesor, Carlos Urquijo.
En una rueda de prensa celebrada en la delegación del Gobierno en el País vasco, en Vitoria, De Andrés ha informado sobre el acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo central y el vasco este mes de enero que evitó la interposición por parte del Estado de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Instituciones locales de Euskadi, conocida como la Ley municipal.
Según ha explicado, las "principales" materias que han producido "recelo" por parte de los juristas de la administración general del Estado y que han tenido "repercusión pública" han sido el euskera y lengua utilizada para la relación de los ciudadanos con las administraciones públicas locales, así como la convocatoria de consultas locales.
Respecto al uso del euskera, De Andrés ha defendido que la ley establece que "cualquier ciudadano se puede comunicar con las instituciones en cualquiera de las dos lenguas oficiales". "Es así de sencillo", ha subrayado antes insistir en que el acuerdo entre ambos gobiernos establece que el ciudadano no deberá demostrar ni justificar que no conoce una de las dos lenguas.
Tras insistir en que el ciudadano puede utilizar el idioma que desea para comunicarse con la Administración, ha precisado que esta interpretación de la norma "adecua la sentencia del TC que se hizo sobre el Estatuto de Cataluña" y defiende que "tanto euskera como castellano son lenguas que están en el mismo rango".
Asimismo, ha indicado que entre administraciones, la comunicación puede también hacerse "en cualquiera de las lenguas". "Está claro que lo más importante es la libertad lingüística del ciudadano para poder comunicarse en el idioma que elija, y la ley municipal de Euskadi no vulnera esa cuestión", ha indicado.
Preguntado sobre el comportamiento que va a tener la delegación del gobierno cuando reciba una comunicación de otra Administración solo en euskera y sobre la treintena de recursos presentados por este tema por su antecesor en el cargo al recibir comunicaciones de ayuntamientos vascos solo en euskera, De Andrés ha aclarado que se trata de una situación "ya superada".
En concreto, ha informado de que una sentencia dictada en abril del 2016 por el TSJPV dio lugar a que se retiraran estos recursos, por parte de la Abogacía del Estado, de forma que "se aceptó que las comunicaciones se hicieran solo en la lengua vasca".
"Es una situación ya superada por sentencias del TSJPV", ha reiterado rechazando que tras esta sentencia exista necesidad de "reforzar" el equipo de traductores de euskera que la delegación del Gobierno en Euskadi.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Respecto a las consultas ciudadanas, ha apuntado que el acuerdo de la comisión bilateral regula este tipo de convocatorias y los requisitos que deben cumplir. En concreto, ha informado de que cuando afecten al conjunto de ciudadanos del municipio y se pregunte sobre una materia propia del ayuntamiento que no trascienda la competencia municipal, debe ser autorizada por el Gobierno de España.
De Andrés ha informado de que en el caso de que la consulta sea "parcial", es decir, que no se consulte a todos los vecinos del municipio, se podría desarrollar sin la citada autorización, porque se regularía por la Ley municipal vasca, aunque ha insistido que el tema de consulta deberá tener carácter local.
En este sentido, ha puesto como ejemplo las consultas a vecinos de varias calles relativas al nombre que desean poner a una plaza. "Este caso se regularía dentro del ámbito autonómico, no requeriría autorización del Gobierno de España", ha subrayado.
Asimismo, ha citado la consulta ciudadana celebrada el pasado 22 de enero en Llodio (Álava) sobre las fechas de la fiesta de San Roque. De Andrés ha apuntado que esta no cumplía la legalidad porque no pidió la autorización al Gobierno central.
Según ha explicado, como delegado tomó la decisión de presentar el recurso pero no exigir medidas cautelares para impedir su celebración, porque "se había convocado en el momento en que el que estaban en vigor las dos leyes". "Esta consulta se puede celebrar perfectamente con la autorización del Gobierno", ha insistido.
Finalmente, ha indicado que es necesario que los municipios conozcan "exactamente" este acuerdo para que se cumpla la normativa en el caso de las consultas.