Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, analizar y personalizar tu navegación, mostrar publicidad y facilitarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si sigues navegando por nuestra web, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información aquí.

Abren juicio oral contra un exsecretario de CIG en Ferrol por un incidente en el inicio de la campaña electoral de 2012

Un policía nacional acusa a Xesús Anxo López Pintos de atentado con falta de lesiones y el sindicalista, ya retirado, le atribuye "tortura"
La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Ferrol ha decidido abrir juicio oral por un incidente registrado en octubre del 2012, en la jornada de la pegada de carteles para las elecciones autonómicas de ese año, en la que fue detenido el entonces secretario comarcal de la CIG, Xesús Anxo López Pintos.
El incidente se produjo cuando integrantes de los comités de empresa de Navantia y Poligal se concentraron ante un hotel de Ferrol, donde el Partido Popular tenía programado un acto, y que fue suspendido tras enfrentamientos entre representantes sindicales y agentes de la Policía Nacional y Local de Ferrol.
Así, el Ministerio Fiscal acusa al dirigente sindical, a día de hoy ya retirado, de un delito de atentado y una falta de coacciones, por lo que pide dos años de cárcel.
A su vez, uno de los agentes de la Policía Nacional, que ejerce la acusación particular, denuncia un delito de atentado con una falta de lesiones, solicitando tres años de prisión.
Por su parte, la defensa de López Pintos, ejercida por el abogado Roberto Bouza, también acusa a ese mismo agente del cuerpo policial de un delito de "tortura, lesiones, agravado por la utilización de un instrumento peligroso", y un delito contra la integridad moral.
FIANZAS
Por parte de la jueza, se ha reclamado a que ambas partes enfrentadas depositen las correspondientes fianzas, de 1.120 euros en el caso de López Pintos y de 17.220 euros en el caso del agente de la Policía Nacional.
El objetivo es "asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérseles", incidiendo la magistrada que, en virtud de las acusaciones realizadas, la vista deberá de celebrarse en la Audiencia Provincial de A Coruña.