Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, analizar y personalizar tu navegación, mostrar publicidad y facilitarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si sigues navegando por nuestra web, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información aquí.

La Abogacía incluyó expresamente a los 4 miembros de la Mesa del Parlament en su último recurso ante el TC

La solicitud supuso una novedad respecto al incidente por las conclusiones de la Comisión de Estudios, que sólo fue contra Forcadell
La Abogacía del Estado solicitó al Tribunal Constitucional (TC) que actuara no sólo contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, sino también ante la responsabilidad de parte de los miembros de la Mesa de este órgano en el incidente de ejecución planteado con ocasión de la aprobación, el pasado mes de octubre, de determinadas resoluciones sobre la orientación política general del Gobierno de Cataluña que incluían la celebración de un referéndum de autodeterminación. La inclusión de estas cuatro personas supuso una novedad respecto a planteamientos anteriores de los Servicios Jurídicos del Estado.
Así se deduce del análisis del contenido de ambas peticiones ya que, según ha constatado Europa Press, con ocasión del primer incidente de ejecución planteado tras el incumplimiento por parte del Parlament de la sentencia del Tribunal Constitucional - dirigida a frenar el proceso de ruptura con España-, la Abogacía del Estado sólo apreció responsabilidad de Forcadell.
Se trataba en dicha ocasión de la aprobación, el pasado mes de julio, de las conclusiones de la Comisión de Estudios para del denominado 'proceso constituyente', que Forcadell decidió personalmente incluir en el orden del día del Pleno del Parlament. En dicha ocasión no se apreció por la Abogacía del Estado la responsabilidad de personas ajenas a la presidenta, lo que sí ocurrió en el caso de las resoluciones aprobadas en octubre.
Tras la admisión a trámite de este último incidente por el Tribunal Constitucional dos secretarias judiciales del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se han desplazado este martes al Parlament para notificar el auto a los cuatro parlamentarios afectados.
Se trata de los cuatro miembros de la Mesa que permitieron la tramitación de las citadas resoluciones, y que son, Lluís Corominas (JxSí); las secretarias primera y cuarta, Anna Simó y Ramona Barrufet (JxSí) --votando a favor-- y el secretario tercero, Joan Josep Nuet (SíQueEsPot), que se abstuvo.
La razón de incluir a los miembros de la Mesa en su petición, han insistido este martes en fuentes del Ejecutivo, deriva del hecho de que la introducción de estas propuestas de resolución la acordó la Mesa del Parlamento a diferencia del caso anterior, que fue responsabilidad exclusiva de Forcadell.
La base de esta petición, según estas fuentes, es que estas cuatro personas "han incumplido, con pleno conocimiento, las advertencias realizadas por el Tribunal Constitucional" en todas las resoluciones dictadas sobre este asunto.
Esta decisión de la Mesa se adoptó a pesar de que se instó la solicitud de reconsideración de la inclusión en el orden del día de las propuestas de resolución, formulada por los Grupos Parlamentarios Ciudadanos, Socialistas y Popular, recuerdan desde los Servicios Jurídicos del Estado.
Hasta la fecha, sólo la presidenta Carme Forcadell está bajo investigación por permitir el debate y la votación de la conclusiones de la comisión del proceso constituyente, algo que el TC le había instado a impedir porque lo considera un desarrollo de la resolución independentista del 9 de noviembre de 2015 suspendida por el tribunal.
El documento, entregado a todos los componentes de la Mesa y consultado por Europa Press, explicita que se trata del expediente de ejecución sobre la resolución 306/XI de 6 de octubre de 2016.
"Les advierto de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, advirtiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal en que puedan incurrir en caso de incumplimiento" de lo que ordena el TC.
La notificación de "apercibimiento y requerimiento" también les pide que emitan un informe en 20 días hábiles sobre las actuaciones que dieron lugar a la aceptación a trámite de la resolución.