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La ANC de Andorra pide al Parlament dejar de considerar el país un paraíso fiscal

La sección de la ANC en Andorra ha pedido al Parlament que deje de considerar al país como un paraíso fiscal, a raíz de una resolución de la Cámara presentada por la CUP.
Lo ha hecho en la Comisión de Peticiones, que tramita las demandas que hacen los ciudadanos al Parlament y que ha aprobado este martes por unanimidad transmitir la petición a los grupos para que promuevan las iniciativas parlamentarias que crean convenientes.
En la petición, que fue presentada en diciembre y que ha leído el diputado de JxSí David Rodríguez, la ANC de Andorra ha considerado que es "un error y un agravio" equiparar Andorra a un paraíso fiscal, lo que ha generado malestar en los catalanes que residen en el Principado, ha dicho.
Han criticado que la resolución "afecta negativamente" a la percepción que tiene Andorra del Parlament, de Catalunya y del proceso soberanista, y han reclamado que el Parlament rectifique, aunque celebran que el Govern no haya aplicado la resolución.
La resolución aprobada por el Parlament el 6 de octubre de 2016, prohíbe que el Parlament entregue premios deportivos y culturales a "personas que lleven a cabo la mayor parte de su actividad en Catalunya pero que tengan su domicilio fiscal en países considerados paraísos fiscales por la Unión Europea, en Andorra o en Mónaco".
También insta al Govern a no contratar a empresas que hagan operaciones financieras "contrarias a la normativa tributaria en países que no tienen normas sobre el control de capitales y son considerados paraísos fiscales por la Unión Europea, en Andorra o en Mónaco".
La ANC de Andorra ha defendido que el país no puede ser considerado un paraíso fiscal porque, a su juicio, han firmado acuerdos de intercambio de información fiscal, no es considerado un paraíso fiscal por la UE y "ha hecho un esfuerzo importante en los últimos años en el ámbito de la fiscalidad".
QUEJA AL MINISTERIO
La Comisión de Peticiones ha explicado que las resoluciones del Parlament "manifiestan el criterio, la voluntad o el deseo de la Cámara" y no solo instan al Govern a realizar actuaciones, y que puede cambiar el posicionamiento si el Parlament lo aprueba.
La resolución ya generó polémica después de su aprobación y el Gobierno de Andorra envió una queja formal al Ministerio de Exteriores mostrando su desacuerdo con la decisión del Parlament.