El sector público perdió más de 100 empleos al día entre enero de 2010 y julio de 2016

Para Adams, entre los datos más relevantes destaca que Cataluña es el territorio con menos empleados públicos, 40 por cada 1.000 habitantes, mientras que Extremadura tiene el doble, 80 por cada 1.000 habitantes, y que tres de cada cuatro empleados públicos de las comunidades autónomas trabajan en los sectores de la sanidad y la docencia no universitaria.

Las comunidades autónomas en las que más personal se ha perdido durante la crisis son Castilla-La Mancha, Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía y Galicia.

Madrid es el territorio con más efectivos de la Administración Estatal por cada 1.000 habitantes, mientras que Cataluña, País Vasco, Navarra y Comunidad Valenciana son las que menos.

Por su parte, las regiones que menos empleados públicos autonómicos tienen por cada 1.000 habitantes son Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid.

Por debajo de la media nacional de docentes no universitarios por cada 1.000 habitantes, se sitúan Cataluña y Madrid, mientras que Extremadura y Murcia están a la cabeza, y entre las comunidades que más efectivos dedica a la sanidad destaca Madrid, frente a Cataluña, que está en el otro lado como la región que menos efectivos dedica.

Según el informe, los ministerios y organismos autónomos perdieron 26.963 efectivos, la Seguridad Social, 3.764 personas y la Agencia Tributaria, 1.825 efectivos desde enero de 2010 a julio de 2016.

Para la directora de Empleo Público de Adams Formación, Gloria Oliveros, la consecuencia de la restricción de ofertas de empleo público es la pérdida de puestos de trabajo en detrimento de los servicios públicos y también el fomento de la interinidad.

"Cuando la Administración no puede publicar ofertas de empleo, abusa de la interinidad, porque está obligada a prestar igualmente el servicio al ciudadano", ha subrayado Oliveros.

Así, ha puesto de relieve que la mayor tasa de interinidad y temporalidad se da tanto en las comunidades autónomas, como en el ámbito local o la Administración Estatal en el sector de la Justicia.