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Las primeras sanciones de la CNMC con la prohibición de contratar con la Administración se impondrán en 2017

Las empresas que participen en cárteles o infrinjan la ley de competencia no podrán acceder a contratos públicos durante hasta tres años
Las primeras resoluciones impuestas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que incluyan como sanción la prohibición de contratar con la Administración Pública llegarán a lo largo de 2017, probablemente a finales de año.
La modificación normativa el pasado 22 de octubre de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público permitirá que en todos los expedientes iniciados posteriormente a esa fecha se pueda imponer como parte de la sanción esta prohibición de contratar.
En consecuencia, dado que este tipo de sanción es posible desde octubre de 2016 y que la CNMC tiene un plazo de máximo de 18 meses para instruir sus expedientes, los primeros que incluyan la prohibición de contratar es probable que se publiquen a lo largo del próximo año.
Gracias a todos estos cambios, las empresas que participan en un cartel o infrinjan la Ley de Defensa de la Competencia y estén presentes en contratos con la Administración Pública podrán ser sancionadas con esta prohibición durante un periodo máximo de tres años.
El organismo presidido por José María Marín Quemada había incluido entre las prioridades de su Plan de Actuaciones para 2016 reforzar la lucha contra los cárteles y las licitaciones públicas fraudulentas, ya que las sanciones que se imponen actualmente no son lo suficientemente "disuasorias".
En un desayuno organizado esta semana por la firma de asesoramiento jurídico Herbert Smith Freehills, Marín Quemada señaló que con este fin se han activado recientemente las sanciones a directivos responsables de infracciones graves contra la competencia, y anunció que la prohibición de contratar con la Administración se incluirá "en próximas resoluciones".
En este sentido, Marín Quemada reivindicó la necesidad de que las sanciones impuestas sean "disuasorias" y proporcionales al daño que producen los cárteles y volvió a incidir en la conveniencia de retocar la Ley de Defensa de la Competencia con el fin de garantizar la máxima seguridad jurídica en estas y otras cuestiones para adaptarla a los cambios de la sociedad.
En su última comparecencia ante la Comisión de Economía del Congreso, el presidente de la CNMC subrayó que esta es "una gran ley", porque se aprobó con el consenso de todos los grupos parlamentarios tras un intenso proceso de debate y reflexión. Sin embargo, agregó que "diez años después de su aprobación y con mucha experiencia en su aplicación, convendría abrir de nuevo este proceso con el mismo rigor".
Un trabajo reciente del organismo regulador estima que los cárteles desmantelados por la autoridad de competencia española entre 2011 y 2015 supusieron un ahorro para los consumidores de 640 millones de euros anuales.
Además, si se tienen en cuenta solo los años completos desde la creación de la CNMC (2014 y 2015) esa cifra aumenta hasta los 1.260 millones de euros anuales.
"Cuando se cumplen las reglas de juego se genera más productividad, se protege a las empresas que cumplen las reglas y a las que quieren comenzar su andadura y a las que quieren innovar", afirmó Marín Quemada esta semana.