La nueva normativa de contratación pública pasa mañana su primer examen en el Congreso

El Pleno del Congreso debatirá y votará este jueves la enmienda de totalidad presentada por Unidos Podemos contra el proyecto de ley por el que se trasponen dos directivas europeas relativas a la contratación pública, en la que la formación morada advierte de que la redacción dada por el Gobierno a la normativa no acabará con la corrupción y que hace falta una nueva legislación.

En el texto, que recoge Europa Press, el grupo que lidera Pablo Iglesias recuerda que las directivas comunitarias de concesiones y de contratación pública, que ahora se trasponen a la normativa nacional, buscan generalizar la contratación electrónica, introducir objetivos sociales, medioambientales y de innovación en los criterios de adjudicación; y vincular el concepto de 'mejor oferta' con el coste-eficacia a largo plazo, más allá del precio más bajo.

Sin embargo, la reforma de la Ley de Contratos Públicos que el Ejecutivo de Mariano Rajoy plantea con su proyecto de ley "mantiene los graves defectos de la normativa vigente" y "no permite afrontar uno de los mayores retos de la contratación pública, como es la erradicación de la lacra de la corrupción".

"No se puede afrontar un análisis crítico del proyecto de ley si no se tiene en cuenta que España padece hoy una grave situación de corrupción que se ha extendido en la contratación pública. La vigente Ley de Contratos Públicos ha demostrado su ineficacia para frenar ese estado de cosas", argumenta la enmienda.

ACABAR CON LOS CONTRATOS MENORES

En este sentido, Unidos Podemos critica que el Gobierno haya cambiado el criterio sostenido en el anteproyecto de ley y finalmente mantenga la posibilidad de que cada entidad del sector público apruebe sus propias instrucciones de contratación, en lugar de vincular a todo el sector público a un régimen jurídico común.

Esto, además de perjudicar "especialmente" a las pymes, impide la simplificación pretendida por Bruselas y conlleva una "enorme falta de transparencia", que se agrava por el "excesivo" uso de los contratos negociados y por el mantenimiento de los contratos menores.

Además, la formación morada y sus confluencias reclaman la generalización de los recursos especiales para que los licitadores puedan luchar contra las corruptelas, independientemente del valor del contrato, y la prohibición de contratar con empresas que tengan relaciones con paraísos fiscales.

NO SE CUMPLEN LOS OBJETIVOS EUROPEOS

Pero, además, Unidos Podemos critica que el proyecto de ley se limite a recoger literalmente las directivas comunitarias pero sin establecer cómo llevarlas a la práctica en materias como la simplificación de procedimientos o el apoyo a las pymes para favorecer su participación en las licitaciones públicas.

En otros temas, como el pago directo a los subcontratistas cuando no reciben el precio debido del contratista principal, el Gobierno simple y llanamente no sigue la línea marcada por la UE; y tampoco se exige de forma inequívoca el "pleno respeto" de los derechos laborales, salariales y sociales de las personas o los principios sociales y medioambientales como criterios a la hora de adjudicar los contratos.

Estas razones, así como el carácter "enormemente restrictivo" de la normativa hacia las competencias autonómicas, han llevado a Unidos Podemos a pedir la retirada de este proyecto de ley en aras a preparar una nueva normativa de contratación pública "con la colaboración de todos los sectores implicados".