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El juez da seis meses a Iberpotash para explicar cómo descontaminará pozos y acuíferos

El Juzgado Penal 1 de Manresa ha dictado una ejecutoria en la que da a Iberpotash seis meses para presentar sus planes para descontaminar los pozos y acuíferos que fija la sentencia firme que obliga a dos exdirectivos y a un extécnico de la empresa minera Iberpotash, y a la propia firma como responsable civil subsidiario, a asumir el coste económico de la recuperación ecológica de las zonas contaminadas por su actividad en los municipios de Súria, Callús, Santpedor y Sallent (Barcelona).
El fallo condena a Iberpotash como responsable civil subsidiario para la recuperación ambiental "hasta la eliminación de la elevada salinidad y los compuestos orgánicos volátiles que presenten las aguas de los pozos cuyas aguas no pueden ser destinadas al consumo humano o del ganado".
Le obliga a tomar todas las medidas de restauración necesarias "para preservar y mantener el equilibrio ecológico perturbado, así como a asumir el coste económico de la recuperación ecológica" para volver a los valores de salinidad de las aguas antes de la existencia de escombros salinos.
Fuentes de la compañía han explicado a Europa Press que "hace tiempo" que están actuando para evitar filtraciones de salmueras de la explotación minera --la sentencia se remonta a hechos comprendidos entre 1997 y 2003--, y siguen trabajando con la Agencia Catalana del Agua (ACA) en esta línea, por lo que están en condiciones de cumplir la ejecutoria.
La ejecutoria también fija un plazo de dos meses para que los Agentes Rurales del Bages identifiquen a los propietarios de pozos y acuíferos afectados y les requiera que acrediten y justifiquen los perjuicios económicos sufridos por la pérdida de estos abastecimientos de agua; el Ayuntamiento de Santpedor tiene un plazo de un mes para acreditar sus perjuicios por la imposibilidad de usar el agua de la localidad para consumo público por su elevada salinidad.