Los funcionarios piden respeto al Gobierno catalán y un proceso de ruptura con garantías

Los sindicatos reaccionan así después de que el diputado de JxSí en el Parlament Lluís Llach hablara de sancionar a los trabajadores públicos que incumplan las leyes de 'desconexión' que impulsa el Parlament a través de JxSí y la CUP, y una de las cuales --la de transitoriedad jurídica-- prevé dotar a Cataluña de una legalidad propia si se independiza.

Sobre esta ley de transitoriedad, Llach aseguró: "El que no la cumpla será sancionado. Deberán pensárselo muy bien. No digo que sea fácil; al revés: muchos de ellos sufrirán, porque dentro de los Mossos d'Esquadra hay sectores que son muy contrarios".

UGT y CC.OO. han considerado estas declaraciones fuera de lugar: "Estamos convencidos, pese a que desconocemos por su secretismo la parte tecnicojurídica de la transitoriedad, que el Govern respetará las leyes y los derechos de los trabajadores públicos con todas las garantías".

Por su parte, el sindicato Csif ha avanzado que se opondrá "con toda la firmeza del Estado de Derecho a cualquier decisión, sanción o represalia contraria al ordenamiento jurídico" que puedan sufrir los empleados públicos catalanes como consecuencia del proceso de desconexión.

PROTOCOLO CSIF

Ha tachado de "bravuconada" las declaraciones de Llach y ha recordado que tiene a punto su protocolo de defensa, dirigido a los funcionarios catalanes, para protegerles en el caso de que deban responder ante una orden de "dudosa legalidad" por parte del Govern.

El protocolo recomienda a los empleados públicos que, en el caso de recibir una orden que entiendan que pueda ser ilegal, la pidan por escrito lo antes posible para tener constancia y advertir a la Administración de sus dudas.

En el caso de que el superior jerárquico persista en el requerimiento de la orden, el protocolo recomienda dejar la constancia al superior de su parecer sobre la ilegalidad de la orden y acudir a los recursos legales.

En los casos más extremos, cuando la ilegalidad sea manifiesta, el protocolo recuerda el derecho e incluso la obligación del funcionario a no acatar la orden y ponerlo en conocimiento de los servicios de inspección competentes.

Además, si se entiende que pueda incurrirse en una situación ilícita desde el punto de vista penal se recomienda interponer la correspondiente denuncia ante la Policía, Fiscalía u órganos judiciales.

Precisamente este martes, la portavoz del Govern, Neus Munté, ha evitado valorar las declaraciones de Llach y se ha limitado a afirmar que la Generalitat garantiza la "protección jurídica de los funcionarios" durante el proceso soberanista.