Imputan por estafa al expresidente y al exconsejero delegado del Banco Pastor

La querella criminal interpuesta por Manuel G.S. fue presentada el 13 de octubre de 2011 por delitos derivados de la administración fraudulenta, por dos delitos relativos al mercado y al consumidor, uno societario, uno de falsedad en documento mercantil y otro de estafa, según han fuentes del despacho de abogados Frade Gobeo.

El 4 de noviembre de 2011, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de A Coruña dicta auto de apertura de diligencias previas por la posible existencia de delito de falsificación de documentos mercantiles.

En la providencia del pasado 4 de febrero en la que la jueza cita a declarar "en calidad de imputados" tanto a Arias Mosquera como a Jorge Gost no se aclara qué delitos se le imputan.

La querella fue presentada por un pequeño accionista de Barcelona en relación a los ejercicios 2008, 2009 y 2010, cuando el demandante sostiene que las cuentas "eran falseadas mediante una trama financiera articulada con sociedades de las que el propio Banco Pastor era propietario", de forma que la entidad habría ocultado en sus balances las pérdidas de empresas inmobiliarias que eran de su propiedad.

Maquillaje de cuentas y estafa piramidal

El representante legal del querellante ha explicado que el Banco Pastor captaba fondos para su 'core capital' mediante la suscripción de acciones y la emisión de preferentes en el mercado minorista, a través de oficinas.

Con ese dinero otorgaba créditos participativos a las sociedades filiales, de forma que "dejaban de ser insolventes" y así la entidad bancaria podía cobrar los intereses de los créditos hipotecarios que tenían otorgadas esas "sociedades fallidas" y "ponerlos en sus resultados".

"El banco volvía a poner el dinero en sus beneficios en la cuenta de resultados y como recurso propio en su balance, con lo que contabilizaba dos veces el mismo dinero", ha expuesto el abogado del querellante, que define como "trama piramidal" una dinámica que habría sido diseñada "para dar apariencia de solvencia" al Banco Pastor y "maquillar su cuenta de resultados", de forma que les permitiese seguir captando fondos mediante la suscripción de acciones y la emisión de preferentes.

Según el denunciante, si el banco hubiera registrado en su balance "el volumen de pérdidas ingente" por el crédito hipotecario fallido se hubiera desvelado que estaba en "quiebra legal". Así, según el informe económico que acompaña la querella, en 2009, el banco tendría que haber registrado pérdidas que ascendían a 1.325 millones y en el ejercicio de 2010 el Pastor estaría con patrimonio neto del orden de -300 millones de euros, es decir, que "sus fondos propios serían negativos".

No obstante, la dinámica diseñada para "dar apariencia de solvencia" al Pastor le permitía seguir dirigiéndose al mercado de valores y lanzar preferentes y acciones para ser suscritas por pequeños clientes minoristas.

A mayores del "perjuicio" para los accionistas y aquellos que compraron preferentes, el abogado del demandante subraya que los miembros del consejo de administración y los directivos del Banco Pastor cobraron bonus e incentivos "no justificados", pese a esta situación de "quiebra legal maquillada".

INFORME DEL BANCO DE ESPAÑA

El Juzgado de Instrucción número 3 de A Coruña solicitó por oficio en 2011 un informe al Banco de España que, según ha podido saber Europa Press, sostiene que no puede concluirse que haya "ningún tipo de irregularidad" de la cúpula del Banco Pastor. Al respecto, el abogado del demandante señala que el regulador en ese informe "encubría de manera inadmisible la actividad piramidal presuntamente ilícita y delictiva" de Banco Pastor.

"El Banco de España parece estar más preocupado por la credibilidad del sistema financiero que por las obligaciones de sus directivos", señala a Europa Press el abogado de Manuel G.S., quien apunta que quieren que declare la persona que suscribió ese informe porque no lo consideran conforme a derecho "en ningún caso".

Al ser absorbido el Pastor por Banco Popular, el demandante percibió que podría tratarse de una causa de relevancia estatal, pero la Audiencia Nacional se inhibió en este asunto y volvió a remitir la causa al Juzgado de Instrucción de A Coruña al considerar que carecía de relevancia nacional. El 26 de marzo de 2012 presentaron una ampliación de querella.

POSTURA DEL BANCO POPULAR

Por su parte, Banco Popular, actual propietario del Pastor, ha calificado de "injusta" la interposición de la querella contra el antiguo consejo del banco y ha advertido de que, tanto los querellados, como el propio banco, "se reservan el ejercicio de cuantas acciones le correspondan en la defensa de su buen nombre, incluidas las de índole penal".