Los empresarios piden vincular salarios a productividad y fomentar la colaboración público-privada

El empresariado español ve prioritario lograr una mayor vinculación entre productividad y costes salariales, reducir las cotizaciones sociales y reformular la estructura de la Administración territorial, así como fomentar la colaboración público-privada.

Así se desprende del 'Barómetro de los Círculos 2016', promovido por el Círculo de Economía, el Círculo de Empresarios Vascos y el Círculo de Empresarios, realizado con base en 265 encuestas de empresarios y 23 entrevistas personales a presidentes y consejeros delegados de empresas líderes en su sector, y presentado este martes en Sitges (Barcelona).

El barómetro continúa recogiendo valoraciones muy negativas de los empresarios sobre la situación general del mercado laboral. La eficiencia general de su funcionamiento y la contribución de los agentes sociales reciben puntuaciones muy bajas, de un 3,6 y un 2,8 sobre 7, respectivamente.

También recibe una calificación baja la movilidad geográfica de los trabajadores (2,8, con casi el 50% de los encuestados otorgando puntuaciones de 1 ó 2). En contraste, las percepciones sobre la disponibilidad y el coste de la mano de obra superan el 4.

No obstante, los empresarios encuestados continúan valorando positivamente, por encima de la media, la reforma laboral de 2012, ya que considera que, junto al contexto de crisis, ha ayudado a modificar las expectativas de las empresas y de los trabajadores. Los aspectos mejor valorados son el impacto sobre las condiciones de contratación, los ajustes salariales y la flexibilización para adecuar las plantillas.

Por el contrario, obtiene una menor puntuación su efecto sobre la formación y la productividad de los trabajadores, y los empresarios perciben que aún queda camino por recorrer para resolver los desequilibrios del mercado laboral, por lo que ven prioritario lograr una mayor vinculación entre productividad y costes salariales (24%) y reducir las cotizaciones sociales (16%), que constituyen un impuesto al trabajo.

Los dos elementos que consideran claves para mejorar la vinculación entre la productividad y los salarios son el fomento de los convenios de empresa frente a los de niveles superiores, ya sean sectoriales o geográficos, y la adecuación de la formación de los trabajadores a las necesidades de las empresas.

En materia de pensiones, abogan por una reforma estructural del sistema de pensiones para hacerlo sostenible y por una reforma fiscal que incremente la recaudación ensanchando las bases imponibles.

PACTO POR LA EDUCACIÓN

En el caso concreto de las pequeñas y medianas empresas encuestadas, éstas otorgan una menor valoración al funcionamiento general del mercado de trabajo (3,3), a la contribución de los agentes sociales (2,6) y a la disponibilidad de mano de obra cualificada (4).

En la formación de los trabajadores, los empresarios entrevistados han mostrado una opinión muy crítica sobre la falta de adecuación de la educación reglada al mercado, y sobre el uso ineficiente y poco transparente de los fondos de formación profesional para el empleo.

El barómetro de 2016 también aborda la gestión de los recursos humanos de las empresas, reflejando que el 25% de los encuestados considera que los programas con más éxito son los de formación y los de desarrollo personal, seguidos de los de conciliación laboral (20%) y los de integración de la mujer (16%).

Así, reclaman un Pacto de Estado en Educación enfocado al nuevo entorno económico, fomentar el conocimiento de idiomas y desarrollar la Formación Profesional dual.

ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL

De igual forma, apuestan por reformular la estructura de la Administración Territorial, reduciendo el número de ayuntamientos, o redimensionando su estructura, eliminando, en su caso, diputaciones, centralizando servicios, consiguiendo economías de escala, y facilitando la colaboración entre las mancomunidades que compartan servicios e instalaciones comunes.

Plantean también generalizar el uso de la declaración responsable y del silencio administrativo positivo, y fomentar la colaboración público-privada en la prestación de servicios, externalizando aquellas actividades de las administraciones que puedan realizarse conjuntamente con el sector privado, proporcionando mayor eficiencia en costes y calidad de los servicios..

Igualmente, insisten en la importancia de valores como la solidaridad, la transparencia y las prácticas de buen gobierno, y fortalecer los mecanismos para luchar contra la economía sumergida, el fraude y la corrupción.

POSICIÓN COMPETITIVA DE ESPAÑA

El análisis se complementa con el estudio de la posición que ocupa España en los principales rankings internacionales de competitividad, donde se observa que a pesar de los avances desde 2011, la economía española no ha logrado aún recuperar su posición previa a la crisis, excepto en el índice Doing Business por cambio metodológico.

En 2016, España ocupó el puesto 32 en el Global Competitiveness Report (WEF), el 34 en el World Competitiveness Yearbook (IMD), y el 32 en el Doing Business (Banco Mundial), por detrás de lo que le correspondería en términos de PIB nominal, al ser la decimocuarta economía del mundo.