Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, analizar y personalizar tu navegación, mostrar publicidad y facilitarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si sigues navegando por nuestra web, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información aquí.

Las facturas electrónicas presentadas a la Administración crecen un 36% y la PMcM pide su extensión

Las facturas electrónicas presentadas ante las administraciones públicas a través del Punto General de Entradas de Facturas Electrónicas (FACe) se han incrementado un 36% entre enero y octubre de este año respecto al mismo periodo del año anterior, pasando de 4,6 a 6,3 millones, según datos del Ministerio de Hacienda recogidos por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM).
El presidente de la PMcM, Antoni Cañete, ve "muy positivo" el dato, teniendo en cuenta el parón de las compras públicas por la interinidad del Gobierno y la situación de las comunidades autónomas, que han estado esperando "un desbloqueo a la corrección del déficit público que no llegaba".
En su opinión, el éxito de la facturación electrónica reside en que es un sistema "más ventajoso para pymes y autónomos porque les ayuda a cobrar en plazo debido al control que permite el propio proceso en sí mismo, fomentando así la productividad y competitividad de las empresas".
Por ello, la plataforma pide al nuevo Gobierno que haga extensivo este sistema a todas las administraciones sin excepción, derogando "toda posibilidad de exención, y también al sector privado".
En este sentido, Cañete explica que para una óptima implantación "lo idóneo sería que en una primera fase las empresas cotizadas y grandes compañías estuvieran obligadas a recibir las facturas en formato electrónico a través de FACe y, seguidamente, lo hicieran el resto de empresas".
No obstante, considera que ese mismo efecto podría conseguirse poniendo en marcha el llamado Observatorio de la Morosidad, que tendría estas funciones de control y análisis, entre otras; y para aquellas compañías que incumplieran los plazos de pago opina que debería instaurarse un régimen sancionador, para el que ya hay "ciertos compromisos políticos adquiridos".
MÁS DE 12,3 MILLONES DE FACTURAS POR 61.584 MILLONES
En total, desde el 15 de enero de 2015, fecha de obligatoriedad de la facturación electrónica a las administraciones públicas, FACe ha recibido 12,3 millones de facturas electrónicas por un valor de 61.584 millones de euros.
Por administraciones, prácticamente la mitad (47,4%) de las facturas electrónicas emitidas desde la puesta en marcha de este sistema se dirigieron a ayuntamientos, seguida de las comunidades autónomas (40,3%); el Estado (9,8%); las universidades (2,2%) y otras instituciones (0,3%).
En lo que se refiere al importe acumulado, el mayor porcentaje lo acaparó la administración autonómica (39,5%), seguida de la local (33,5%), el Estado (24,7%), las universidades (2%), y otras instituciones (0,4%).
INVESTIGACIÓN DE LA UE
Precisamente, esta metodología puesta en marcha por el Gobierno de España para calcular los plazos de pago de las administraciones públicas, está siendo investigada por la Unión Europea. "Esperamos que se pronuncie pronto para acabar cuanto antes con esta forma perversa de cálculo", confía Cañete.
Asimismo, la PMcM también está pendiente de recibir respuesta por parte de la institución europea sobre otros dos asuntos: la sentencia sobre la devolución de los intereses de demora y el procedimiento de infracción a España por una aplicación inadecuada de la directiva sobre morosidad.
"Viendo el gran trabajo que está realizando la UE en líneas generales en materia de impagos a proveedores, desde la PMcM confiamos en que las decisiones que tome sean favorables a nuestros intereses, tal y como les hemos solicitado, por el bien de nuestras pymes y autónomos", asegura Cañete.