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La mitad de contratos de obra en el AVE a Francia variaron su precio inicial, aumentándose un 11%

La mitad de los contratos de obra analizados por el Tribunal de Cuentas del AVE a Francia desde Barcelona sufrieron una variación de su precio inicial, con un incremento del precio del 11,6%.
Así lo ha manifestado el presidente de este órgano de fiscalización, Ramón Álvarez de Miranda, durante su intervención este lunes ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en la Cámara Baja.
En el informe se alertaba del encarecimiento del 18% en el tramo Barcelona Sants-Figueres de la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa, hasta costar 3.760 millones de euros de los 3.185,8 millones adjudicados inicialmente.
Respecto a los contratos de obra, el Tribunal señala que las bajas ofertadas en los contratos "eran muy elevadas", pero que en el 49% de los contratos analizados se aprobaron modificados, lo que supuso un incremento del precio del 11,6%.
RESPONSABILIDADES PENALES
Según ha expuesto Álvarez de Miranda, en las obras del entorno de la estación de La Sagrera "se detectaron importantes diferencias entre las obras realmente ejecutadas y las certificadas y abonadas por importe de 117 millones de euros".
Preguntado por varios grupos de la oposición, el presidente del Tribunal ha señalado que el Ministerio Fiscal ha formulado peticiones de responsabilidad penal por presunta falsedad documental en Adif, y que en diferentes juzgados de instrucción de Barcelona se están investigando presuntos delitos de malversación de fondos, cohecho y falsedad documental.
Álvarez de Miranda ha presentado ante diputados y senadores siete informes de fiscalización sobre entidades públicas que guardan relación con el transporte y la construcción y explotación de infraestructuras, y entre las que se encontraban, además de Adif, Aena, Aena Aeropuertos, Renfe-Operadora, FEVE o la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seitsa).
En su intervención ha señalado que se han abierto diligencias tras la fiscalización en Renfe Operadora, FEVE y Adif, siendo la mayoría archivadas a excepción de las mencionadas en el caso del AVE hasta la frontera francesa y la construcción del centro de formación de FEVE.
Las obras de este centro de formación, proyectado para la ciudad de Oviedo, no llegaron a iniciarse, según ha apuntado. En su informe de fiscalización advirtió que FEVE asumió de forma "no justificada" varios gastos de administración, y que también compró un local de oficinas en Oviedo y dos edificios en León "por precios superiores a los de mercado".
DISOLUCIÓN DE LA SEITSA SI NO SE APROVECHA
Otra de las cuestiones trasladadas a la Comisión para Relaciones con el Tribunal de Cuentas ha sido la del futuro de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seitsa), de la que el órgano fiscalizador advierte una "actividad muy reducida, sin aumento significativo de nuevas infraestructuras y sin haber generado mayor aportación de financiación privada".
"Teniendo en cuenta la limitada relevancia de su actividad y los costes que genera su funcionamiento, se sugiere que se adopten medidas para optimizar los recursos asignados a la misma y, si ello no es posible, que se proceda a su disolución y extinción", ha manifestado Álvarez de Miranda.
Por parte del PSOE, su diputada Ana María Botella ha cuestionado que, pese a su limitada actividad, las dietas de sus consejeros ascendieran el pasado ejercicio hasta los 123.000 euros, lo que dividido entre sus doce miembros supone un reparto de 10.800 euros para cada consejero.
Por ello, Botella ha ironizado que más que al nivel de responsabilidad de sus consejeros --"casi hay más que empleados", ha bromeado-- para acudir a las reuniones del consejo, ha apuntado a que supone más una cuestión del "incentivo" previsto.